Preocupa la reducción que hizo el gobierno de Petro de los recursos asignados al proyecto estratégico Mulaló–Loboguerrero. Se trata de la construcción, operación y mantenimiento de dicha vía, por cerca de 340.000 millones de pesos. Esta decisión pone en riesgo esta iniciativa que no solo es crucial para el desarrollo del Pacífico, sino que también incumple compromisos del Estado.

La Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI, expresó en su momento en una comunicación que la disminución de las vigencias futuras para este proyecto pone en riesgo una obra clave para la competitividad y el crecimiento económico. Además, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 incluye la vía Mulaló–Loboguerrero como iniciativa prioritaria para el Valle del Cauca.

Precisó también la CCI que la reducción aplicada a la mencionada vía se realizó de “manera unilateral”, es decir, sin una previa manifestación expresa del contratista del proyecto en la que conste su conformidad con los ajustes financieros y presupuestales. Este proyecto está a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y cuenta con apropiaciones definidas en el Presupuesto General de la Nación.

Las vigencias futuras son un mecanismo para financiar el desarrollo necesario de infraestructura. Tales recursos reflejan compromisos de largo plazo que el Estado asume para poder apalancar la ejecución de proyectos como la ya mencionada vía Mulaló-Loboguerrero, la cual se encuentra paralizada por asuntos relacionados con licencias ambientales y la falta de voluntad política para sacarla adelante por parte del gobierno Petro.

En su gobierno, el Presidente insistió en sus ataques contra el modelo de concesiones para el desarrollo de la infraestructura. Intentó equivocadamente desacreditar un modelo que ha servido al progreso de todos los colombianos. El modelo de concesiones público-privadas y el mecanismo de vigencias futuras han demostrado su capacidad de entregar resultados tangibles.

El anuncio de Petro sobre la posibilidad de una intervención unilateral del Gobierno Nacional sobre el contrato de concesión de las autopistas del café deterioró la seguridad jurídica y elevó la incertidumbre tanto de este proyecto en particular como de este modelo de contratación de infraestructura en general.

Como consecuencia de terminaciones anticipadas, recortes de recursos y amenazas a concesiones vigentes, Petro introdujo factores de riesgos jurídicos y económicos que entorpecieron el desarrollo de los proyectos y espantaron a los inversionistas. Nunca debió usar las inversiones en infraestructura como una variable de su ajuste presupuestal, puesto que estos son recursos con destinaciones y objetivos ya definidos.

El manejo estatal de las carreteras, que fue la opción preferida por Petro, no reporta un buen balance. Según un informe de Colfecar, de la red de 10.400 kilómetros a cargo de Invías, solo el 46 % se encuentra en buen estado y el 21 % registra malas condiciones.

La postura del Gobierno Petro fue criticar la participación del sector privado en la política de infraestructura, desconociendo los positivos resultados que el modelo mixto de las Asociaciones Público-Privadas, APP, ha generado en más de tres décadas. Inversiones en infraestructura crean puestos de trabajo, mejoran la competitividad regional y contribuyen a la reducción de la pobreza.