En Colombia se ha construido una institucionalidad alrededor de los Planes de Desarrollo, desde los Gobiernos del Frente Nacional hasta hoy. Ciertamente, están llenos de ‘saludos a la bandera’ y de propuestas genéricas. Pero también indican la manera como un gobierno entiende los problemas principales de la nación y esboza las estrategias principales para resolverlos. Generalmente, este ha sido un trabajo realizado con el aporte de centros de pensamiento y académicos, especialmente economistas. Con el tiempo, la puesta en práctica de los Planes ha implicado un trabajo engorroso de consultas y concertación con sectores de la sociedad civil y con el Parlamento, para finalmente sacar un documento con apoyo legal.
Hay columnistas de opinión, como Sergio Clavijo, que considera que no se puede perder el tiempo: “…discutiendo un insulso Plan de Desarrollo tal como ha ocurrido en las tres últimas décadas”. En su lugar, propone que la administración promueva “memorandos estratégicos sectoriales” (El Tiempo, 9/ 11/ 25: 19), lo que recuerda la modalidad implementada por Donald Trump. Aunque es cierto que se requiere elaborar documentos más analíticos, menos retóricos y susceptibles de mayor gobernabilidad. Pero, también es cierto que una visión global de la planificación para un país es algo fundamental. Incluso, identificar, desde el primer momento del debate electoral, las opciones que hay sobre la mesa para que los ciudadanos puedan decidir. Actualmente, hay muchos candidatos con muy pocas propuestas estratégicas de planificación.
Se pueden hacer muchas observaciones críticas sobre la precariedad en la implementación del PND del Gobierno Petro (2022-2026) 'Colombia Potencia Mundial de Vida’, pero su lectura cuidadosa muestra un viraje conceptual que va a perdurar, más allá de su gobierno. Hay que reconocer el trabajo del equipo liderado por el primer director de Planeación, Jorge Iván González, quien afirma, en la Introducción, que con el Plan se trata de “...sentar las bases para que el País se convierta en un líder de la protección de la vida, a partir de la construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestra forma de relacionarnos con el ambiente y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y la armonía con la naturaleza” (DNP, 2023: 27). Se destacan 3 énfasis del Plan:1-El Ordenamiento del Territorio alrededor del agua 2- La transformación de las estructuras productivas, hacia economías limpias y bio-diversas y 3- La sostenibilidad social con equidad e inclusión.
Como en ningún otro Plan, se trae a cuento una relación entre sostenibilidad de la naturaleza, el desarrollo económico que mitigue el cambio climático y el desarrollo social que confronte la desigualdad. Todo ello en favor de la vida y la no repetición del conflicto. Es una agenda transformadora, asociada en nuestro caso con una política de ‘izquierda’, pero que va a ser asumida, a la larga, por un amplio espectro de la sociedad.
No se trata en ningún momento de una política contra el emprendimiento capitalista productivo, competitivo y legal. Si hay un énfasis en la regulación del Estado, en defensa de la naturaleza, contra la deforestación por ejemplo, en defensa de las economías legales, buscando la reconversión de las siembras de coca por ejemplo, y teniendo en cuenta esa sociedad ‘profunda’, urbana y rural, de jóvenes y mujeres que han adquirido voz y presencia en esta sociedad. Claramente, es una propuesta distinta a la que puede inferirse como de ‘derecha’ que seguramente buscará imponerse por ‘decretos estratégicos’, en defensa del capital a secas, sin tener en cuenta las consecuencias en la naturaleza y la desigualdad social.