El 10 de agosto estaba en Cali con mi papá y con mi hijo cuando la tierra nos zarandeó. Durante unos minutos que parecieron horas, el corazón se quedó quieto, esperando una sola noticia: que la familia, y esa familia extendida que son los amigos, los colegas y los conocidos, estuvieran bien. Lo estaban. Pero el alivio duró poco, porque vino el segundo remezón, el del alma. Vimos pedazos de nuestra ciudad en el suelo y supimos que muchos caleños lo habían perdido todo. Luego llegaron las imágenes de Pereira, de Quibdó y de Buenaventura. Con el corazón espichado, muchos hicimos lo único que se puede hacer en esos momentos: ponernos a trabajar, cada quien con su pequeño gran grano de arena.
Dos meses después quiero hablar de algo menos emotivo y más incómodo: el tiempo de la reconstrucción.
Colombia tiene una memoria sísmica larga y dolorosa: Popayán en 1983, el Eje Cafetero en 1999. De esas tragedias aprendimos, con muertos, que la prisa en la obra se paga en la siguiente sacudida. Por eso existen la Ley 400 de 1997 y el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, la NSR-10. Cali está en zona de amenaza sísmica alta. Eso no es un tecnicismo de ingenieros; es la condición de vida de más de dos millones de personas.
La norma no trata igual a todos los edificios. Los colegios se clasifican como edificaciones de atención a la comunidad y los hospitales como edificaciones indispensables, es decir, las que deben seguir funcionando cuando todo lo demás se cae. Por eso se diseñan con exigencias mayores.
Reconstruir tiene una secuencia que no admite atajos. Primero se evalúan los daños y la patología estructural. Después vienen los estudios de suelos y de vulnerabilidad sísmica, y con ellos la decisión de reforzar o demoler. Siguen los diseños arquitectónicos, estructurales e hidrosanitarios, las licencias y la contratación. Y solo en ese momento se puede hablar de que la obra puede empezar. El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, que Colombia adoptó en 2015, tiene un nombre para esto: reconstruir mejor de lo que había.
Ojalá los colegios y los hospitales ya estuvieran en pie. Pero quien promete reconstruir en semanas, o no sabe, o no está diciendo la verdad. Los ingenieros y los arquitectos, por más que corran, siguen siendo humanos, y la planeación técnica y bien estructurada toma su tiempo.
He acompañado como asesora parte de este proceso y por eso he podido sentarme varias veces al lado de Ana Lucía Pineda, la Primera Dama de la Nación. He visto su compromiso y, sobre todo, su convicción de movilizar solidariamente al país en torno a los damnificados. La vi entregar balones a los niños sabiendo que la atacarían o la funarían, para usar el lenguaje de la juventud, pero ahí dijo claramente que prefería la sonrisa y el brillo en los ojos de la niñez.
Luego activó su fundación para canalizar donaciones privadas, y la familia Gilinski asumió la reconstrucción de seis instituciones en Cali, que fueron seleccionadas con cuidado por la Primera Dama (colegios: Eustaquio Palacios, Juan Pablo II y Carlos Holguín Mallarino; salud: Hospital Carlos Holmes Trujillo, la IPS Meléndez y el Instituto para Niños Ciegos y Sordos). Para quienes no tienen el privilegio de conocer la sucursal del cielo, vale decirlo, todas atienden a población en condición de vulnerabilidad. Es el sector privado junto a nuestra Primera Dama, poniendo la empatía en una estructura, lejos de la politiquería.
Y aquí hay algo que pocos saben. Desde el primer día hemos coordinado este proceso con quienes están al frente de cada institución. Nos hemos sentado con los rectores de los tres colegios y con los directivos del hospital, de la IPS y del Instituto para Niños Ciegos y Sordos, y les hemos contado, paso a paso, qué estudios se están haciendo, qué viene después y por qué cada etapa toma el tiempo que toma. No es un gesto de cortesía. Son ellos quienes reciben cada mañana a las familias que preguntan cuándo vuelven sus hijos a clase o cuándo podrán volver a la consulta. Y el mandato de Ana Lucía fue claro: debemos reconstruir con la comunidad.
Quiero ser precisa con la crítica, porque no toda es igual. La veeduría ciudadana sobre los recursos de una reconstrucción no es un ataque, es una garantía, y quien pregunta cuánto cuesta y en qué se gasta está haciendo lo que una democracia necesita. Otra cosa es lo que hizo Matador. Su caricatura no preguntó por un solo peso ni por un solo plazo: se burló del cuerpo de Ana Lucía Pineda y la matoneó con estereotipos. Eso no es fiscalización; es el viejo recurso de atacar la apariencia de una mujer cuando no se tiene nada que decir sobre lo que hace. A las mujeres en la vida pública se nos sigue discutiendo el cuerpo antes que las decisiones.
La mejor respuesta a la sospecha no es el enojo, es la luz. Información clara, institución por institución, es lo que convierte la buena voluntad en confianza pública. Es lo que merece una inversión digna de un pueblo como el colombiano, y es también la forma de honrar la corresponsabilidad entre familia, sociedad y Estado que exige poner a la niñez en el centro.
A todos nos interesa que las ciudades golpeadas florezcan y renazcan después de la tragedia. A mí me queda algo claro: en este proceso nos ganamos el cielo con Ana Lucía como madrina, una mujer inteligente que quiere abrazar con toda el alma a quienes lo perdieron todo. Y a esa niñez le debemos algo más que prisa; le debemos edificios que no se caigan la próxima vez.