Esta semana tenía planificada una columna sobre otro tema. Pero las declaraciones del hoy líder de la oposición, convocando a la desobediencia civil y sembrando dudas sobre la legitimidad del Presidente Electo, me obligan a volver sobre el asunto. Que nadie interprete estas líneas en clave partidista. Las escribo en clave puramente democrática.
Hace unas semanas, en este mismo espacio, hablé de las pruebas de fuego que enfrentaban nuestras instituciones. Hoy corresponde preguntarse si las superamos. Los hechos sugieren que sí. La Registraduría completó el escrutinio con una correspondencia del 99,97 por ciento frente al preconteo. El CNE y los organismos competentes ya se pronunciaron. Los observadores de la OEA y de la Unión Europea avalaron el proceso. El propio excandidato reconoció los resultados el 24 de junio, en un gesto que él mismo calificó como un ejercicio de responsabilidad democrática. Volver ahora sobre esos pasos debilita precisamente aquello que dijo querer proteger.
Sí, la contienda fue reñida. Pero la regla democrática no exige ganar con un porcentaje mínimo de ventaja. A quienes hemos hecho política en el pasado nos enseñaron que hasta por un voto se pierde, y que cada voto vale y es sagrado. En este caso no fue por uno, sino por poco más de 250.000. Es menos de un punto porcentual de margen, cierto, pero no deja de ser un margen ganador, verificado mesa por mesa por los jueces de la República. Los márgenes estrechos obligan a gobernar con humildad, pero no le restan legitimidad al mandato.
Colombia tiene demasiados retos por delante como para quedarse atrapada en el litigio del pasado. Nuestra región los tiene de sobra. El Suroccidente necesita el Tren de Cercanías para dinamizar su economía. Buenaventura espera que la mirada del Gobierno central se pose, por fin, sobre su gente y su puerto. La situación de seguridad en el Cauca y en Popayán no aguanta más. Las finanzas del Estado están al borde del abismo y el sistema de salud necesita funcionar.
Y hay algo más, de particular interés para la propia oposición: la protección del legado y de las conquistas que, a su entender, se lograron en estos cuatro años de gestión. Esa defensa se ejerce en el Congreso, en el debate público y en la veeduría ciudadana, no en la calle deslegitimando un resultado ya reconocido. Una oposición que representa a prácticamente la mitad del país tiene demasiado poder democrático real como para apostar por atajos.
Por eso es momento de pasar la página y de volcar la atención colectiva al plan de gobierno que implementará el nuevo presidente a partir del 7 de agosto, así como al contrapeso vigoroso que ejercerá la oposición desde las instituciones. Ese equilibrio, gobierno fuerte y oposición fuerte, no es señal de debilidad sino de salud democrática.
Este extranjero ha visto de cerca, en otras latitudes, lo que cuesta recuperar una institucionalidad cuando se erosiona. Colombia respondió en las urnas con una participación masiva, esperó el escrutinio y aceptó un resultado estrecho sin romperse. La pregunta del título tiene, entonces, respuesta: la prueba de fuego fue superada. Cuidemos ahora, ganadores y perdedores por igual, que nadie nos haga retroceder.