El mayor peligro de cada denuncia pública de presunto acoso sexual está en que, cuando el ruido se apaga, cuando el escándalo desaparece, haya mujeres que decidan no hablar; que concluyan que el precio de denunciar sigue siendo demasiado alto.

Romper ese silencio ha tomado décadas. Durante años, muchas víctimas prefirieron callar porque sabían lo que les esperaba: dudas, señalamientos, preguntas sobre su vida privada y la sensación de que terminarían siendo ellas las juzgadas. Que hoy más personas se atrevan a hablar es el resultado de un cambio cultural construido con enorme esfuerzo y con el valor de quienes decidieron contar lo que les había pasado, aun sabiendo que serían cuestionadas.

Por eso conviene mirar cada caso con serenidad. Toda denuncia merece ser escuchada con respeto e investigada con rigor. Toda persona denunciada tiene derecho a defenderse y a que sea la Justicia la que establezca responsabilidades. Esas dos ideas pueden convivir perfectamente y son indispensables en una democracia.

También es cierto que no todas las denuncias resultan ciertas. Existen denuncias falsas y, cuando ocurren, deben tener consecuencias. Decirlo no debilita la defensa de las víctimas; al contrario, fortalece la credibilidad de quienes denuncian hechos reales. Lo que sí resulta injusto es convertir esas excepciones en una sospecha permanente sobre todas las personas que deciden hablar. La evidencia acumulada durante años muestra que el mayor desafío sigue siendo el subregistro de estas violencias, no una avalancha de denuncias falsas.

Tampoco ayuda presentar esta discusión como una disputa entre hombres y mujeres. No lo es. La inmensa mayoría de los hombres jamás enfrentará una denuncia por acoso, así como la inmensa mayoría de las mujeres nunca denunciará un hecho que no ocurrió. Reducir un problema tan complejo a una batalla de sexos solo alimenta la desconfianza y aleja la posibilidad de encontrar verdad y justicia. Hay que reconocer y abrazar el hecho de que muchos hombres se han convertido en aliados valiosos en la educación y sensibilización, fundamentales para un mundo más respetuoso e igualitario.

Las redes sociales, sin embargo, funcionan con otra lógica. Premian las certezas rápidas, las condenas anticipadas y las opiniones apresuradas, además de la velocidad que puede traer enormes riesgos frente a la reputación, la cancelación o el veredicto social. En ese contexto resulta cada vez más difícil aceptar que un proceso judicial requiere pruebas, tiempos y garantías, mientras una víctima necesita ser escuchada sin que eso implique convertir su testimonio en una sentencia.

Cada caso tiene sus propias circunstancias. Habrá procesos que terminen en condenas, otros en absoluciones y otros que nunca lleguen a una decisión judicial. También habrá víctimas que continúen hasta el final y otras que, por miedo, agotamiento o razones que solo ellas conocen, decidan guardar silencio. Ninguno de esos desenlaces debería borrar el camino recorrido para que hoy exista un espacio donde denunciar sea una posibilidad y no una condena social.

Lo que está en juego tras cada discusión pública es mucho más grande que un caso del momento. Hay personas observando; algunas están reuniendo el valor para contar lo que vivieron; otras están decidiendo si vale la pena hacerlo. La manera en que como sociedad respondamos puede inclinar esa decisión hacia la confianza o hacia el miedo.

Sería un retroceso enorme permitir que el ruido nos devolviera al lugar del que tanto costó salir. La justicia debe seguir haciendo su trabajo con independencia y rigor. En tanto, quienes observamos tenemos una responsabilidad: cuidar un logro colectivo que parecía imposible hace apenas unos años. Que ninguna víctima vuelva a creer que el silencio es su única opción. @pagope