Un requisito indispensable para la solución de fondo al enorme déficit fiscal que tenemos es nacionalizar el Estado. Suena paradójico, pero al Estado hay que des-privatizarlo, de manera que no opere guiado por los intereses privados, sino que contribuya a la distribución equitativa de los recursos y a la defensa del interés público y el bien común, tanto en la prestación de los servicios públicos que directamente provee, como en la regulación de la actividad económica.
El aparato estatal está siendo manipulado por intereses particulares y privados, por lo cual su acción no garantiza que se persiga el bienestar colectivo ni el interés público. El Informe de una Comisión de Gasto Público de hace 30 años señaló que el origen de la crisis fiscal del país está en el intento desmedido de los intereses particulares de apropiarse de los recursos del presupuesto público.
Son varios los intereses particulares que han capturado los recursos del Estado; la corrupción que es el robo directo de los bienes del Estado; el clientelismo, cambio de votos por empleos en las empresas públicas; los empresarios privados que se apropian de manera ilegal de los subsidios públicos o de los contratos estatales; el sindicalismo de Estado cuando solo busca prebendas para sus afiliados, y los intereses regionales que quieren apropiarse de todo el aparato del Estado para el beneficio de regiones específicas. De todos esos intereses privados hay que liberar al Estado.
El problema va más allá de lo económico; es político y cultural. Uno de los aspectos más preocupantes de la crisis de la sociedad colombiana es el debilitamiento de lo público, la prevalencia de los intereses particulares sobre el interés público. El interés privado es la búsqueda del beneficio individual, mientras que el interés público es la satisfacción de las necesidades colectivas para alcanzar el bien común. No es que el primero sea malo y el segundo bueno. La búsqueda del beneficio individual no solo es perfectamente legítima, sino que es indispensable para el progreso de una sociedad. El problema surge cuando se convierte en el objetivo único y se deja de lado el interés colectivo.
Muchos de los conflictos de nuestra sociedad son resultado de la precariedad de lo público y del predominio absoluto del interés privado. Desde la evasión de impuestos y el contrabando hasta los sobornos en los contratos públicos o el uso del erario público con fines electoreros; desde el desorden ciudadano por el no respeto a las simples normas de tráfico o a la complejas regulaciones de uso del suelo, hasta la contaminación del aire o las fuentes de agua. Son comportamientos que privilegian la búsqueda del beneficio individual por encima del bien común.
También lo son los dos mayores flagelos que nos agobian, la violencia y la impunidad. La violencia es el resultado de la distorsión de valores que justifica disponer hasta del bien público absoluto -la vida del otro- para satisfacer los intereses particulares del victimario; y el reino de la impunidad, que permite la reproducción ampliada de la violencia, es ante todo la quiebra de un bien público esencial, la Justicia, sacrificado también en el altar de los intereses particulares.
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Adenda. Las propuestas de vender a Ecopetrol son otro intento de seguir privatizando el Estado en contra del interés público; lo más grave es que son totalmente inútiles para reducir el déficit fiscal.