La insurgencia colombiana se degradó hace décadas en organizaciones criminales financiadas por el narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas. Ni el Acuerdo de 2016 ni la Paz Total contuvieron su expansión. Pasaron de 15.120 integrantes en 2022 a 28.802 en julio de este año: crecieron al doble, y con ellos su voraz demanda de menores.

Entre 2024 y julio de este año los grupos narcoterroristas reclutaron 1.173 niñas, niños y adolescentes, según la Defensoría del Pueblo. Casi la mitad de los reclutados desde 2021 pertenece a pueblos indígenas. Los arrancan de sus familias y los entrenan para matar. A soldados y policías desde el aire, a civiles que nunca fueron objetivos militares, incluso a otros menores. Esos niños no solo están atrapados en la guerra, son víctimas convertidas deliberadamente en armas. Con ellas, estas organizaciones lanzaron más de cuatrocientos ataques con drones explosivos contra la Fuerza Pública y la población civil, en 36 municipios de 18 departamentos. Las Fuerzas Militares, en el mismo lapso, ejecutaron 25 bombardeos. Cuatrocientos ataques desde el aire contra veinticinco. Esa es la guerra que se está peleando, y solo una de las dos cifras llega al Congreso.

El 27 de mayo, en Guaviare, once menores murieron a tiros durante un combate entre las disidencias de Mordisco y las de Calarcá: ocho niños y tres niñas entre 48 cuerpos. La defensora del Pueblo lo describió como un combate que parece masacre. Ante estas atrocidades no hubo moción de censura, ni debate de control político.

Tres meses después, ya con el nuevo gobierno, tres menores murieron en un bombardeo del Ejército en ese mismo departamento, y hoy hay una moción de censura contra el ministro de Defensa. Once niños no valieron una sesión; tres valieron un juicio político.

Ese mismo sesgo llegó a los estrados. En septiembre, el Juzgado 34 de Familia de Bogotá ordenó al Gobierno abstenerse de realizar operaciones aéreas ofensivas cuando exista información verificable sobre presencia de menores. Un juzgado penal de San José del Guaviare hizo lo mismo para ese departamento, con un estándar todavía más bajo, porque allí bastan los indicios.

¿Indicios? En Colombia se recluta un menor cada veinte horas. Basta un niño en el campamento para volverlo intocable, y ninguna estructura armada tardó en entenderlo. Si el Estado no ataca, conservan hombres, armas y territorio. Si ataca, el desenlace ya está escrito. Habrá un niño muerto, indignación y un victimario. No será quien lo arrancó de su casa y lo entrenó para matar. Será el Estado el que lo bombardeó.

Esto ya ocurrió y sabemos cómo terminó. En agosto de 2022 el Ministerio de Defensa frenó las Operaciones Beta para proteger a los menores reclutados, y en la práctica se suspendieron los bombardeos durante dos años. En ese lapso los grupos criminales pasaron de ocupar 178 municipios a 380 y el reclutamiento de menores creció 300 %.

El derecho internacional humanitario le impone al Estado obligaciones de distinción, precaución y proporcionalidad, y debe responder por cómo empleó la fuerza, qué información tenía y qué alternativas evaluó. Es por eso que el Estado deja una huella que permite la verificación. Órdenes, coordenadas, necropsias, expedientes, responsables con nombre. Las organizaciones criminales no dejan nada. Del menor ejecutado por sus reclutadores cuando intenta escapar puede no quedar siquiera un cuerpo. Sabemos que ocurre porque lo cuentan quienes lograron salir vivos. Cuántos murieron así, nunca lo sabremos.

Una sociedad que solo se indigna cuando el responsable lleva nombre, rango y uniforme del Estado ya decidió, sin confesarlo, a quién habrá de exigirle. Los reclutadores aprendieron que en una plenaria se le pueden atar las manos al Estado invocando la protección de los niños, y así continuar reclutándolos. El problema nunca fue exigirle demasiado, sino no exigirle nada a nadie más. Someter y desmantelar las organizaciones narcoterroristas exige la misma urgencia con que se firman las mociones de censura. Eso, y no el llanto ni las interpelaciones, es lo que cambia la guerra.