El panorama de orden público en Colombia atraviesa una transición crítica. El actual gobierno ha asumido el poder con un desafío urgente: pacificar un país sumido en el desespero. Las guerrillas y las bandas criminales se expandieron por gran parte del territorio nacional durante el mandato anterior, sembrando miedo en las comunidades y provocando desplazamientos masivos que fracturaron el tejido social.

En este escenario, recuperar la tranquilidad y la seguridad es una prioridad nacional. Sin embargo, esta tarea coincide con un ambiente de agitación y movilización social. Si bien las marchas pacíficas y los reclamos ciudadanos son derechos constitucionales que deben respetarse, resulta inaceptable que algunas manifestaciones deriven en vandalismo, bloqueos y actos violentos. Este no puede ser el camino para exigir derechos, pues profundiza las divisiones y obstaculiza el progreso. A esta compleja situación se suma una amenaza criminal cada vez más peligrosa: el uso de drones comerciales modificados como bombas voladoras.

Esta modalidad de combate no nació en las selvas colombianas. Sus antecedentes se remontan a los conflictos de Siria e Irak, desde comienzos de la década de 2010, cuando grupos radicales comenzaron a modificar drones recreativos para transportar explosivos. Años después, la guerra en Ucrania masificó esta práctica, demostrando cómo una tecnología de uso cotidiano podía convertirse en un arma letal de bajo costo, al alcance de grupos irregulares.

En Colombia, el primer ataque registrado ocurrió el 21 de julio de 2023, en Putumayo. Lo que parecía un experimento aislado se transformó en una estrategia criminal que ha puesto en dificultades los métodos tradicionales de defensa. Así, grupos radicales descubrieron que los drones recreativos de cuatro hélices que se consiguen en cualquier tienda tecnológica podían alterarse de manera artesanal para transportar y soltar granadas sobre objetivos militares.

Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el país sufre un ataque con drones cada 20 horas. Sus cifras indican que durante 2026 se han registrado 318 atentados con estos dispositivos, para un total de 716 desde 2023. El saldo humano es trágico: desde 2024 se contabilizan 487 víctimas entre muertos y heridos, incluidos miembros de la Fuerza Pública y civiles.

El daño material e institucional también es grave. En Candelaria, Valle del Cauca, un ataque destruyó parcialmente un radar estratégico para la seguridad en el área nacional. En distintas poblaciones, los explosivos han alcanzado viviendas, escuelas y puestos de salud, obligando a numerosas familias a confinarse o abandonar sus tierras.

Según los análisis geográficos de la FIP, esta nueva modalidad de violencia se concentra en corredores estratégicos de economías ilegales, especialmente del narcotráfico y la minería ilegal. El 71 % de los ataques ocurre en cuatro departamentos: Cauca, Norte de Santander, Valle del Cauca y Chocó. Asimismo, esta organización atribuye el 95 % de los casos a dos estructuras armadas: las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco, con el 72 %, y el Eln, con el 23 %.

La Fundación Ideas para la Paz también ha documentado la existencia de escuelas clandestinas donde estos grupos entrenan combatientes en el manejo y modificación de drones acoplándoles sistemas para soltar explosivos y evadir las herramientas del Estado. Pero lo más aberrante es el reclutamiento y entrenamiento forzado de menores de edad. Los grupos armados instrumentalizan a los jóvenes del campo, convirtiendo una tecnología aparentemente recreativa en un instrumento de destrucción.

Frente a esta amenaza, el Gobierno del presidente De la Espriella ha comenzado a implementar medidas de control. Entre ellas, un plan de defensa aérea para dotar a las tropas de tecnología capaz de detectar y neutralizar estos dispositivos antes de que causen daño. Paralelamente, las autoridades han reforzado la vigilancia en aduanas y puertos para controlar el ingreso de componentes utilizados por las organizaciones criminales.

Estas iniciativas son bienvenidas en un país cansado de la violencia. Recuperar la seguridad del espacio aéreo y neutralizar esta amenaza no constituye solamente una estrategia militar; es una responsabilidad del Estado para proteger el derecho fundamental a la vida de los campesinos que habitan las regiones más apartadas y de todos los colombianos expuestos a estas nuevas formas de violencia.