Hoy se cumplen dos meses del terremoto del 10 de agosto. Para una familia que perdió su vivienda, esperar significa resolver cada día dónde dormir, cómo trabajar y cómo sostener a sus hijos. La reconstrucción necesita tiempo. El Gobierno debe responder por cómo vivirán las familias durante ese tiempo.

El Gobierno anunció la entrada en operación del Fondo Milagro y avanza con alcaldes y gobernadores en una ruta de reconstrucción. Hay ayudas y actuaciones que deben reconocerse. Ahora, corresponde explicar cómo se convertirán en soluciones y qué protección tendrán las familias hasta recibirlas.

Sería irresponsable exigir que en dos meses se reconstruya todo. También lo sería pedir paciencia sin explicar qué se hará durante la espera. Una fecha de entrega puede depender de estudios, terrenos y obras. La obligación de responder empieza desde el primer día.

Poder preguntar y obtener respuestas también forma parte de la recuperación. Una familia debe saber qué ayuda le corresponde, quién decide sobre ella y cómo reclamar si fue excluida. La presencia del Estado se comprueba cuando esas preguntas encuentran una respuesta que permite seguir adelante.

Aquí está la medida de la autoridad: organizar instituciones para que una persona pueda recuperar el control de su vida. Que el comerciante tenga condiciones para volver a trabajar. Que los niños puedan estudiar. Que una familia disponga de alojamiento seguro mientras llega la solución definitiva. Eso exige continuidad, incluso cuando la emergencia deje de ocupar los titulares.

La urgencia tampoco autoriza a reconstruir mal. Volver a levantar una vivienda en condiciones inseguras sería trasladar el problema al próximo desastre. Hay decisiones que requieren estudios y tiempo. Precisamente por eso, la protección transitoria debe tener financiación y responsables. Una demora técnicamente justificada también tiene consecuencias humanas que alguien debe atender.

Propongo que el Gobierno, con alcaldes y gobernadores, haga verificable esa coordinación en cada territorio: qué apoyos están llegando, a quiénes falta atender, quién debe responder y en qué plazo. Las familias necesitan conocer el estado de su caso y tener dónde acudir cuando lo prometido no se cumpla. Un balance de reuniones no reemplaza esa respuesta.

Los recursos son limitados. Gobernar obliga a escoger y a explicar esas decisiones. La prioridad debe responder a la necesidad y al riesgo. Una comunidad alejada o una alcaldía con poca capacidad para presentar proyectos requiere apoyo adicional. La capacidad de conseguir atención política no puede decidir quién recibe primero una solución.

También hay que seguir cada recurso hasta su resultado. Publicar contratos y pagos permite vigilar. Comprobar que una obra sirve permite juzgar. El control ciudadano debe poder señalar una falla y obtener una corrección antes de que esa falla se convierta en otra pérdida.

Quiero un Estado que actúe, coordine y cumpla. Que aproveche la capacidad de empresarios, universidades y comunidades sin diluir su responsabilidad. Que reconozca un retraso, explique sus causas y cambie lo que deba cambiar. Admitir una dificultad a tiempo puede proteger más que defender una promesa incumplible.

La protección debe ser continua. Para el 10 de noviembre propongo un balance público por municipio de las soluciones transitorias, los servicios recuperados y las obras en marcha. Los avances deben reconocerse; los obstáculos, tener responsable y siguiente paso. El juicio debe depender de lo que recibe la gente, cualquiera que sea el gobierno.

Presidente, las familias pueden entender que una casa tarde en reconstruirse. Tienen derecho a saber cómo vivirán hasta entonces. La paciencia de los damnificados no puede convertirse en el recurso con el que el Estado financia sus demoras.