El número de víctimas del sistema de salud crece incesante. Con excepción de lo correspondiente a quienes pueden costearse una prepagada, cirugías, procedimientos básicos, diálisis, quimioterapias, cuidados paliativos, atención de urgencias y entrega de medicamentos se han ido deteniendo. Parece que las cuentas de la salud se quieren cuadrar matando a los pacientes, eliminando la demanda de servicios.
Estamos ante una situación inaceptable. Aunque Gustavo Petro trate de justificarla con el cuento de que era necesario eliminar la corrupción en el sistema vigente y fortalecer la medicina preventiva, el hecho es que tal propósito no podía materializarse a costa del sufrimiento de decenas de miles de compatriotas y sus familias.
Primero la vida debió ser la condición para la pretendida transformación. Al contrario, sin embargo, prefirieron favorecer la muerte, privar el sistema de los recursos indispensables, ahorcarlo. La Unidad de Pago por Capacitación (UPC), lo que paga el Estado para la salud de cada poblador, fue marchitada con atroz indolencia. Esto mientras los recursos quitados se destinaban al crecimiento de la burocracia, las transferencias y subsidios electoreros, y la corrupción seguía rampante.
El desprecio por los vulnerables llegó al extremo de que la reforma fiscal, dictada al amparo de una emergencia económica controversial, quita a los departamentos buena parte de los recursos que podrían haber destinado para paliar la emergencia.
Es hora de preguntarse si lo que se está configurando en Colombia con relación a la población enferma representa un caso del delito de lesa humanidad conocido como genocidio. Esto por cuanto tal crimen comprende, entre otros actos, los dirigidos a destruir un grupo nacional, incluyendo las acciones de matar, causar grave daño o imponer condiciones para destruirlo. En coherencia con la gravedad del delito, las regulaciones internacionales exigen el juzgamiento de los perpetradores, incluyendo dirigentes con inmunidad soberana, como serían el Presidente y sus ministros.
A la posible comisión del delito de genocidio por parte del Gobierno y sus altos funcionarios, se suma otro elemento. Es la total indiferencia de los organismos investigativos frente a este crimen. Tanto es así que hasta los llamamientos de la Corte Constitucional y la ciudadanía para que se establezcan responsabilidades se han ignorado por la Fiscalía y la Comisión de Acusación, dejando caer la sombra de la impunidad.
Ante el holocausto continuado está abierto el camino para la intervención de las entidades judiciales extra territoriales competentes. Es el caso de la Corte Penal Internacional (CPI) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
Ojalá los grupos representativos del sector salud y los pacientes, como la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, la Asociación de Pacientes de la Nueva EPS, y en general las entidades comprometidas con los derechos humanos y de las víctimas, den el paso de documentar con rigor el alcance de esta tragedia humanitaria, la visibilicen ante el mundo y presenten las denuncias correspondientes. Ante la inconsciencia de quienes gobiernan y frente a la ineficacia de las investigaciones locales, solo queda la justicia internacional para detener la mortandad y sancionar a los responsables.