Israel, país-milagro de deslumbrantes éxitos científicos, tecnológicos, educativos, artísticos, comerciales, agrícolas y tantos otros, se encuentra en crisis profunda, sacudido por una tormenta política e ideológica que lleva meses, exactamente desde enero pasado y el retorno del primer ministro Benjamin Netanyahu al poder a la cabeza de un gobierno de derecha -incluyendo extremistas y ultraortodoxos, resueltos a imponer su sello.
Y fue así como el Parlamento israelí (Knesset) votó el lunes pasado un proyecto de reforma judicial originando un inmenso movimiento de protesta en el país y grandes inquietudes en el exterior. Aprobado por 64 diputados (sobre un total de 120) el proyecto impide que la Corte Suprema de Israel pueda juzgar una decisión del gobierno considerada de “carácter no razonable” y el derecho de invalidarla. En otras palabras el proyecto diseñado busca debilitar el poder de la Corte Suprema y recortar su independencia (el Presidente y un comité judicial especial escogen sus miembros) a favor de los congresistas que elije el pueblo.
El debilitamiento de los magistrados de la Corte Suprema rompe un equilibrio judicial establecido ya que es el único contrapeso en un país sin Constitución, y funciona muy bien. ¿Entonces por qué la reforma? ¿Y por qué tan de prisa? ¿Sin buscar un consenso al respecto y ninguna consideración con las multitudes que protestan ni la ira que provoca? Las malas lenguas aseguran que la urgencia de Netanyahu de aprobar su reforma se debe a la necesidad de atenuar un eventual juicio de corrupción en su contra que le puede significar condena y cárcel. Otros (la mayoría) entienden que el Primer Ministro es sometido a un chantaje poderoso por parte de los extremistas que sostienen su frágil coalición gubernamental, obligado a obedecer sus órdenes a sabiendas que si lo abandonan, su gobierno cae y el también.
Lo que hay que reformar es el mismo sistema electoral que fomenta semejante situación. Resultado: el proyecto de ley y su aprobación dividen al país en dos enormes clanes que se enfrentan y se combaten. Por un lado, están los partisanos de una derecha incondicional, superpoblada de religiosos que creen en el Gran Israel, y convencidos que el judaísmo es base y guía fundamentales para todas las actividades políticas y civiles del país. Según ellos la “infame izquierda” es laxa, corrupta, hipócrita y su gobierno una distopía.
Los rebeldes que manifiestan rechazan la reforma y la califican de ‘liberticidio’. Sostienen que una democracia laica y democrática importa tanto como la dimensión judía en Israel que defiende la derecha. Armados de banderas y entonando himnos nacionales consiguieron desfilar por centenares de miles en todo el país durante meses para expresar su patriotismo y su descontento con la reforma de Netanyahu. Laicos, religiosos, pacifistas y militares, empresarios y obreros, sindicalistas, tecnólogos, profesores y estudiantes, ricos y pobres marcharon unidos.
Para ellos la reforma es una amenaza a la democracia. Es un golpe de Estado legal que puede degenerar en más reformas indeseadas como la de modificar la nominación de los jueces de la Corte Suprema para terminar con acabarla, interferir en la educación, en la ciencia, en la defensa, en la salud, en el turismo, etc. Y advierten que un gobierno con poderes ilimitados y sin el debido control le abriría la puerta a la corrupción, al nepotismo, a la intolerancia religiosa, a la discriminación de las minorías, a la multiplicación de los asentamientos y a la ilusión de un Gran Israel de imposible realización. A la vez se alejaría de los valores universales, los derechos internacionales y los derechos humanos.
A sus 75 años de vida el Estado de Israel boyante, valiente y moderno, resultó muy dividido y todavía buscando su verdadera identidad. Ojalá la encuentre dentro de un consenso inteligente como solo los israelíes lo saben inventar.