Con la tragedia de Tuluá, vuelve el eterno ciclo de desgracia de nuestro inútil sistema penitenciario. Pero nos la pasamos entre escándalos y titulares, con ni una solución robusta para que sirva de algo.

Yo creo que las prisiones deben cumplir dos propósitos. Estar preso debe ser, al tiempo, un castigo y una oportunidad para retomar el camino de la legalidad. Hacer solo una es inútil. No hacer ninguna, como pasa en Colombia, es estúpido.

Para comenzar, insisto , el Inpec se tiene que acabar. Eso no significa que todos sus funcionarios sean incompetentes o corruptos. Pero es inexcusable su incapacidad de cumplir con sus obligaciones básicas.
Fortalecerlo ya no alcanza, pues está cooptado por criminales que defienden su poder y sus rentas y por sindicatos que defienden solo sus beneficios.

En las prisiones, los que mandan son las famosas plumas de cada patio. El Inpec se convirtió en poco más que el intermediario entre bandidos. Provee una seguridad básica donde debería, por lo menos, garantizar el imperio de la ley. La ironía de que en la prisión es donde más manda el hampa es francamente insoportable.

El país debe, además, impulsar la privatización. El Estado está fallando en su deber y a partir de esa realidad solo procede permitir que privados lo apoyen. Las prisiones deben servir para entregar justicia, garantizar la dignidad de los reclusos y protegernos a los que seguimos por fuera. Hoy no logran ninguna. Los incentivos de un mercado que abiertamente sea lucrativo pueden impulsar un record más positivo. Tristemente, casi que todo es ganancia con este fiasco. Desde el 2015 han crecido en menos de 5% los cupos y a las autoridades se les dificulta defender una inversión tan alta como la que requiere esta infraestructura. La privatización permite alivianar la carga difiriendo los costos sobre el tiempo.

Esa también es una oportunidad para sacar de las ciudades y aislar a los establecimientos. Los motines y fugas hoy ponen en riesgo a la población urbana vecina y su proximidad a barrios enteros dificulta la aplicación de soluciones tecnológicas que bloqueen la señal celular y el contrabando que vuela desde construcciones cercanas o con drones. Hoy solo una manotada de establecimientos tienen un bloqueo de señal real, en algunos casos las mismas comunidades han tumbado su instalación pues torpedean sus comunicaciones desde el exterior.

Las familias de los presos no merecen la muerte de los suyos. Los presos no merecen que los encierren a podrirse. Los demás tampoco merecemos que quienes atentan contra nosotros terminen como si estuvieran de vacaciones. Que las prisiones sirvan es una garantía para todos.