Hace más de un año y medio escribí una columna titulada ‘Si cae Cali, cae Colombia’. No era retórica, sino la conclusión de un análisis metódico de la evolución del crimen organizado, el terrorismo y la instrumentalización de movimientos sociales por actores foráneos que operan en el suroccidente colombiano. Antes de publicarla, compartí una conclusión con el general Jorge Eduardo Mora López: si caía Cali, caería el suroccidente; y si caía el suroccidente, caería Colombia. Cuando el general Mora asuma el Ministerio de Defensa, esa advertencia se convertirá en un desafío de Estado.

La doctrina militar colombiana conserva una idea central del estratega Clausewitz: todo adversario depende de un centro de gravedad que sostiene su poder. Ese centro no se neutraliza atacando objetivos aislados, sino desarticulando las capacidades y los recursos que mantienen el conflicto. Durante décadas, Colombia persiguió capos, erradicó cultivos y destruyó laboratorios, pero nunca desmontó del todo el sistema criminal. Sus estructuras fueron ocupadas por redes terroristas a medida que éstas perdían su motivación ideológica, un proceso que se aceleró tras el Acuerdo de Paz de 2016 y, en particular, durante la Paz Total.

Ese ecosistema criminal tomó el control sin precedentes de Buenaventura, Cali, el norte del Cauca, el cañón del Micay y Tumaco, de los corredores del Pacífico hacia Ecuador y de las redes de tráfico hacia y desde México y Brasil. Las nuevas organizaciones criminales entendieron antes que el Estado que el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, el lavado de activos, la extorsión y el tráfico de armas forman una sola economía. Integradas, compran rutas, tecnología, inteligencia y funcionarios, y con ellas ejercen control territorial. Así, el suroccidente se volvió el principal centro de gravedad del crimen organizado transnacional.

Las cifras muestran la dimensión del desafío. De las 261.386 hectáreas de cultivos de coca registradas en 2024 —2614 kilómetros cuadrados—, el 53 % se concentra en zonas de manejo especial, donde la ausencia del Estado y la intermitencia de las campañas militares abrieron paso al dominio criminal. A esa geografía se suman, según informes de 2023, otras 105.060 hectáreas de explotación de oro de aluvión; unas 49.812 están en el corredor del Pacífico y el Suroccidente. Cerca del 89 % de esta actividad es ilícita. Sin descontar posibles superposiciones, coca y oro cubren 3664 kilómetros cuadrados: una superficie comparable a la que Rusia le arrebató a Ucrania durante todo 2025. Colombia no confronta solamente una economía criminal, sino una ocupación territorial con dimensiones de guerra que puede extenderse peligrosamente en el tiempo y en el espacio.

De ese territorio ilícito brota una economía de US$15.000 millones en cocaína y otros US$8.000 millones en minería ilegal. El suroccidente concentra buena parte de los cultivos de coca, del oro ilícito y de los corredores de exportación por el Pacífico. Cerca de la mitad de esas economías se produce, transita o se articula en la región, con un flujo criminal que alcanza los US$11.000 millones anuales: el equivalente al 20 % del PIB combinado del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó. Basta para armar, corromper e influir en protestas que inclinan la política regional y despejan más territorio.

Las economías ilícitas han ampliado la base criminal del suroccidente. En las zonas rurales, la región enfrenta al Clan del Golfo, al Eln y a las disidencias de las Farc, que reúnen cerca de 10.000 integrantes de los más de 25.000 que operan en el país. La principal punta de lanza del EMC en la región es el Bloque Occidental Jacobo Arenas, con aproximadamente 2600 hombres distribuidos en once frentes, ocho de ellos desplegados en Cauca y Valle del Cauca, entre los que se encuentran el Dagoberto Ramos, el Jaime Martínez y el Carlos Patiño. Pero esta fuerza criminal no está sola.

Una densa red urbana, integrada por más de 6.000 personas, se dedica a la logística, el reclutamiento, el sicariato y el microtráfico. Solo en Cali, 182 agrupaciones criminales quintuplican el número de soldados en funciones de policía militar y duplican el de policías patrullando las calles. En Buenaventura, alrededor de 83 pandillas esperan el momento de arrebatarles el poder criminal a los Shottas y los Espartanos, que reunirían cerca de mil integrantes cada uno. Este entramado de pandillas profesionalizadas ha comenzado a tejer alianzas con redes transnacionales y con actores políticos, una convergencia que amenaza la integridad de las próximas elecciones regionales.

En los últimos cuatro años, la dinámica criminal ha coincidido con dos procesos simultáneos: la pérdida de capacidad operativa de las Fuerzas Armadas y varios saltos cualitativos dentro de los grupos narcoterroristas. Estos adquirieron estatus cuasipolítico e impunidad mediante las mesas de negociación; desarrollaron redes de información, corrupción e influencia dentro de instituciones estratégicas del Estado; y se profesionalizaron militarmente, incorporando experiencia internacional de combate y un arsenal que ya va mucho más allá del fusil.

Esta reconfiguración comenzó en noviembre de 2022 y se consolidó a finales de 2025, cuando Colombia pasó de registrar 34 ataques anuales con drones a más de 400. Para mediados de 2026, un ataque cada dos días. El suroccidente concentra el 60 % de esos ataques, con drones cada vez más letales, precisos y difíciles de detectar. La Tercera División, que opera en Valle, Cauca y Nariño, ha reportado miles de alertas, sobrevuelos e intentos de ataque. Por su intensidad y expansión, la región se convirtió en uno de los principales laboratorios de guerra de drones del hemisferio.

Frente a la millonaria inversión en escudos antidrones, los drones narcoterroristas guiados por fibra óptica eliminan el enlace de radiofrecuencia y burlan los inhibidores electrónicos. Cuestan apenas mil o dos mil dólares, y cinco kilómetros de fibra, menos de tres millones de pesos. Esa adaptación barata obliga a detectarlos y destruirlos físicamente. El Estado no puede seguir comprando defensas para la guerra del pasado: necesita una doctrina inmediata de detección, intercepción y respuesta ofensiva para la guerra que ya llegó.

El general Mora no necesita que le expliquen la lógica de las operaciones especiales ni de los bombardeos quirúrgicos. Comandó la División de Fuerzas Especiales de Colombia y sabe que una guerra no se gana acumulando éxitos tácticos, sino desmontando el sistema que le permite al adversario financiarse, adaptarse y reemplazar sus pérdidas a través del reclutamiento. Y ese sistema tiene su sede donde converge el dinero, no en el Catatumbo. Allí empieza el verdadero frente de la guerra de Colombia: en el suroccidente.

La estrategia que despliegue el nuevo gobierno será, obviamente, un secreto. Pero los problemas de seguridad del suroccidente exigen una campaña interagencial, con inteligencia compartida y acciones militares, judiciales, financieras, aduaneras, migratorias y marítimas simultáneas. De lo contrario, cada operativo desplazará el problema y retrasará lo inevitable: la disputa del tiempo y del espacio aprovechando las jurisdicciones que enredan al Estado.

En esa arquitectura hay una institución cuya transformación no admite demora: la DIAN. Las guerras del siglo XXI también se libran en las aduanas y los puertos. Por ellos sale la cocaína; entran el contrabando, los precursores químicos, las armas, los componentes para drones, la maquinaria amarilla y el mercurio de la minería ilegal. Cada contenedor de alto riesgo que no se inspecciona es una ventaja regalada al enemigo. Colombia necesita una DIAN con inteligencia aduanera, análisis avanzado de riesgo, carrera especializada semi militarizada e interoperabilidad con la Fuerza Pública, inspirada en modelos modernos como el de la U.S. Customs and Border Protection.

La primera campaña anunciada por el nuevo gobierno apunta al Catatumbo. Esa crisis exige una respuesta inmediata, y la tendrá. Pero donde estalla una crisis rara vez está la raíz que la alimenta. El Catatumbo es un frente crítico; el suroccidente es el centro gravitacional donde convergen las economías ilícitas, los corredores logísticos, las redes financieras y las conexiones transnacionales que sostienen la guerra en todo el país.

La historia no juzgará la gestión del nuevo gobierno por el número de capturas ni por los laboratorios destruidos. La juzgará por una sola pregunta: ¿recuperó Colombia el suroccidente? Hace un año y medio se lo dije al general Mora en privado. Hoy se lo repito al ministro en público, porque la ecuación no ha cambiado: si cae Cali, cae el suroccidente; si cae el suroccidente, cae Colombia.