A quienes les fascina repetir pronósticos de nuevos ‘estallidos sociales’, basados en la ‘dura inequidad que vivimos’ y el naciente ‘régimen represivo’, hay que tratar de darles una perspectiva de lo que ha ocurrido y está ocurriendo aquí y en el resto del mundo. Sacarlos de su ingenua visión de unos niños inconformes con la mala calidad de la educación, que salen libremente a mostrar su descontento. Porque es la misma estrategia en todas partes. Lo primero es aprovechar algo esencial de las democracias: nunca nadie está contento con lo que tiene y todos aprovechan el privilegio de disentir. Y lo más romántico es salir a la calle. Una vez se logra una marcha de cierto tamaño, entran en escena tres improbables socios. La Yihad islámica, la izquierda y los grupos delincuenciales. Comparten odio al sistema que los alimenta, envidia a los que trabajan y los sostienen, técnicas probadas para destruir y maniobras de desinformación para desconcertar una sociedad y un Estado tolerantes.
Los organizadores alimentan a los pacíficos buenos muchachos con un relato coherente que explica la inconformidad y justifica la protesta. El hampa, que saben infiltrar cuidadosamente en las marchas, se encarga de daños, heridos y muertos. Cuando la Policía reacciona, en medio de la confusión, resultan lesionados algunos inocentes. Entonces se redondea la historia: unos inocentes niños que expresaban su inconformidad son brutalmente reprimidos. Ante la destrucción, la sociedad se confunde y termina adjudicando la responsabilidad a un gobierno que debe ser reemplazado.
Detectar y neutralizar a los violentos resulta muy difícil en medio de la barahúnda. El bolillo y el agua a presión no son la solución. La forma de parar el ciclo es hacer responsables a los organizadores.
El Consejo de Estado, en sentencia del 15 de julio de 2026, ya condenó a una organización a pagar los daños ocasionados durante una protesta que afectó a Ecopetrol por más de cuatro mil millones de pesos. Esta sentencia fue premiada en un reciente Congreso de Justicia (radicación 50001-23-33-000-2019-00211-02 [74.455]). En adelante quienes convoquen y organicen una marcha deben responder por todos los daños solidariamente. Los afectados deben saber que tienen ese derecho y por tanto pueden proceder judicialmente contra líderes y partidos, para resarcir los perjuicios.