La Corte Constitucional determinó hace algunos años que los ciudadanos tienen todo el derecho de participar en marchas pacíficas para expresar su inconformidad con cualquier cosa que se les ocurra, incluyendo el taponamiento de vías. Pero a los magistrados que la componen, no se les ocurrió pensar en quienes no queramos protestar contra cualquier cosa que no nos guste y menos cuando las supuestas “marchas pacíficas” son infiltradas por malhechores que se dedican a destruir todo lo que hemos construido los colombianos con nuestros impuestos -incluyendo muchos de los manifestantes-, que aunque no declaran renta, sí pagan IVA sobre el valor de algunas de sus compras.

Aunque comparto los deseos de los líderes sindicales de lograr que se mejoren los ingresos de sus afiliados y en general de toda la clase trabajadora, me resulta difícil entender por qué insisten en desbaratar la economía del país, prolongando los cierres de sus principales vías, con lo cual lo que han logrado hasta ahora es encarecer absurdamente el costo no solo de la llamada “canasta familiar” si no también el de los medicamentos, el transporte y todos los elementos que requerimos los seres humanos para subsistir, muchos de los cuales ni siquiera se consiguen a ningún precio.

Como mencionó un sargento (r) del Ejército en un chat que recibí recientemente, aunque los líderes del paro pregonan que se requiere generar más empleo, con esos paros y bloqueos de vías lo que han logrado es quebrar a un gran número de empresas, la mayoría de ellas pequeñas y medianas que son las que más generan empleo, mientras que las medianas y grandes son las que más aportan al sostenimiento del Estado con el pago de sus impuestos.

Mientras los líderes del paro exigen mejores sistemas de transporte masivo, los vándalos infiltrados en las marchas incendian los buses que son precisamente los encargados de transportar a las clases trabajadoras, que no tienen el privilegio de contar con vehículos.

El daño ocasionado a nuestra economía por esos absurdos paros es mucho mayor que el causado por la pandemia del Covid-19 y las medidas restrictivas que adoptaron tanto el Gobierno Nacional como algunos mandatarios locales, que en algunos casos resultaron muy perjudiciales para las pequeñas y medianas empresas de sus respectivas ciudades, llevándolas a la ruina.

Otro ejemplo de lo perjudicial de algunas de estos derechos son las “consultas populares” que tanto las entidades del Gobierno como las empresas que quieran realizar proyectos de infraestructura están obligadas a realizar con las distintas comunidades de las regiones en donde se proyectan construir las obras que casi siempre benefician a esas poblaciones.

Pero los más avezados miembros de esas comunidades deciden aprovechar esas consultas para pedir cosas estrambóticas, como ocurrió hace un par de años cuando los habitantes de una región entre Dagua y Buenaventura por donde la empresa Celsia planeaba construir la segunda línea de transmisión de energía, se dignaron exigir indemnizaciones de $20 millones por cada uno de los mil “cambuches” de madera y techos de plástico que habían construido aceleradamente en la zona.

Como la insólita petición les costaba más que la citada obra, Celsia por supuesto no realizó ese importantísimo proyecto.
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