Es una mentira, presentada como verdad, afirmar que los enemigos de Colombia son las personas que piensan de manera diferente al Gobierno Nacional, a los partidos políticos o quienes participan legal y pacíficamente en la vida política y social del país.

En mi opinión, los verdaderos enemigos políticos de Colombia y de su población se encuentran en todos los integrantes de los grupos armados ilegales: guerrillas, paramilitares, organizaciones del narcotráfico o delincuencia común.

Con sus acciones violentas y criminales contra la población civil, las fuerzas militares y de policía, y la infraestructura pública y privada, desde hace más de 60 años le han hecho un enorme daño a Colombia y a su pueblo, afectando su derecho legítimo a vivir mejor y en paz.

Dejando a un lado las veleidades ideológicas o justificaciones políticas que puedan existir en algunas personas de izquierda o de derecha en relación con la existencia de guerrillas y paramilitares, lo concreto y real es que las acciones criminales de dichos grupos contra la población civil, tanto urbana como rural, no se diferencian unas de otras. Por el contrario, han contribuido a estimular o justificar la corrupción, la violencia, las desigualdades sociales, las contaminaciones ambientales y las prácticas politiqueras, incluida la compra de votos en la mayoría de las regiones del país.

Lo anterior significa que, en las condiciones particulares de Colombia, quienes se consideran de izquierda o de derecha debemos unirnos contra todas las acciones de los grupos armados ilegales, con el fin de hacer realidad en nuestros municipios, regiones y en todo el país la cero tolerancia frente a las diversas manifestaciones de violencia. Solo así podremos alcanzar el respeto al derecho legítimo de las personas a pensar de manera diferente y, sobre todo, a convivir de manera pacífica, encontrando caminos que nos permitan, lo más pronto posible, convivir pacíficamente entre personas con pensamientos e historias de vida política y social muy diversas.

De acuerdo con lo anterior, considero que ese será uno de los retos más importantes del nuevo Gobierno que surja de las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, así como del nuevo Congreso de la República y de todas las personas de la diversidad política y social que, por principios democráticos, debemos mantener cero tolerancia frente a todas las manifestaciones delincuenciales y violentas en Colombia.

En ese orden de ideas, es necesario exigir a todos los servidores públicos —incluidos los del Gobierno Nacional y los de las fuerzas militares, de policía y de seguridad del Estado— y a todos los partidos políticos y organizaciones sociales, que mantengan cero tolerancia frente a los grupos armados ilegales y demás organizaciones criminales, pues la democracia y la convivencia pacífica son contrarias a la violencia y a cualquier expresión delictiva.

Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la irracionalidad vivida durante los últimos 60 años ha impedido alcanzar no solo un clima de no violencia, sino también un mayor desarrollo económico y bienestar para la población.