La reacción internacional frente a la violencia política no responde de manera proporcional a la magnitud del daño, sino a la inteligibilidad del sufrimiento dentro de marcos ideológicos previamente consolidados. La indignación no es un reflejo moral espontáneo, sino una construcción mediada por narrativas, lenguajes y conveniencias geopolíticas. En ese contexto, Irán constituye un caso paradigmático de violencia sistemática cuya escala y persistencia contrastan con su escasa centralidad en el debate público global.
A diferencia de los escenarios bélicos clásicos, la represión iraní no se articula principalmente a través de la guerra abierta, sino mediante la institucionalización del castigo. El uso del derecho penal, la ausencia de garantías procesales y la fusión entre autoridad religiosa y poder estatal producen un sistema donde la violencia se ejerce de forma regular, previsible y jurídicamente legitimada. No se trata de una excepción al orden, sino de su expresión más coherente.
Este marco permite comprender por qué la persecución de personas homosexuales, la subordinación estructural de las mujeres y la criminalización de la disidencia política no deben interpretarse como desviaciones culturales ni como excesos aislados, sino como consecuencias lógicas de un régimen que concibe la política como gestión moral de la sociedad. El Estado no regula únicamente conductas: define identidades legítimas. Aquellas que quedan fuera de ese perímetro normativo son convertidas en objetos de corrección o eliminación.
En términos cuantitativos el problema no es menor. Las cifras exactas son difíciles de establecer debido al carácter opaco del sistema, pero estimaciones acumuladas de organizaciones de derechos humanos, informes internacionales y estudios académicos sugieren que decenas de miles de personas han sido ejecutadas o asesinadas por el Estado iraní desde la instauración de la República Islámica, con un peso desproporcionado sobre jóvenes, mujeres y opositores políticos. En el contexto específico de las protestas recientes, se ha hablado —con distintos grados de verificación— de miles de muertos y decenas de miles de detenidos, y algunos análisis más amplios sitúan el número total de víctimas mortales del aparato represivo, a lo largo de las décadas, en el orden de las quince mil o más. No se trata de una cifra cerrada, sino de una magnitud indicativa de una violencia persistente, acumulativa y estructural.
El origen de esta arquitectura de poder se encuentra en la reconfiguración radical del Estado tras 1979. La revolución no produjo una redistribución democrática de la soberanía, sino una transferencia del poder hacia una élite clerical que absolutizó su autoridad bajo un principio teológico. La legitimidad política dejó de derivarse de la ciudadanía para anclarse en una verdad trascendente. Desde entonces, la vida individual quedó subordinada a una jerarquía moral definida por el Estado, y la violencia pasó a operar como instrumento de preservación del orden sagrado.
La política exterior iraní no puede analizarse al margen de esta lógica interna. La hostilidad estructural hacia Israel, Estados Unidos y, por extensión Europa, cumple una función ideológica que excede el cálculo estratégico. El conflicto permanente actúa como mecanismo de cohesión interna, permite la militarización del espacio político y facilita la deslegitimación de toda crítica doméstica. En un Estado que se concibe a sí mismo como asediado, la disidencia se redefine como traición.
Aquí emerge la hipocresía central del orden moral contemporáneo. Mientras la violencia en Gaza -real, trágica y merecedora de atención— por parte de Hamás contra la población palestina, más su combate incesante contra el Estado hebreo, genera movilizaciones globales, condenas rituales y una cobertura mediática constante, la eliminación sistemática de miles de iraníes por su propio Estado no provoca una reacción comparable. No porque las muertes sean menos graves, sino porque no encajan en el marco narrativo dominante.
Gaza permite una lectura simplificada del mundo; Irán la complica.
Esta asimetría no es accidental. Reconocer la naturaleza del régimen iraní obligaría a admitir que existen proyectos de poder no occidentales, autodenominados ‘resistentes’ o ‘antiimperialistas’, que ejercen formas de violencia estructural equiparables a las que dicen combatir. Obliga también a aceptar que la ética internacional contemporánea no es universal, sino selectiva: algunas víctimas son lloradas porque refuerzan identidades políticas; otras son ignoradas porque las cuestionan.
Hablar de genocidio en este contexto no implica una equiparación mecánica entre conflictos distintos, sino el reconocimiento de una lógica común: la eliminación sistemática de grupos definidos como ontológicamente indeseables por un poder que se atribuye autoridad moral absoluta. En Irán, esta lógica no adopta la forma del exterminio inmediato y espectacular, sino la del desgaste continuo, legalizado y persistente.
La pregunta final no es solo por qué el mundo no actúa frente a esta violencia, sino qué revela esa inacción sobre los límites morales, políticos y analíticos de la indignación contemporánea. Porque cuando algunas muertes merecen duelo global y otras apenas silencio administrativo, el problema ya no es solo Irán, sino la arquitectura ética desde la que el mundo decide a quién llorar.
X: @rosenthaaldavid