La idea de que los problemas del país se resuelven ampliando el catálogo de conductas que son delitos en el Código Penal o incrementando las penas es recurrente tanto en procesos electorales como en la coyuntura de eventos graves como la tragedia de la violación y asesinato de Yuliana Samboni, o el colapso de las pirámides y grandes casos de corrupción. Pero la percepción social de impunidad y la congestión en la justicia penal siguen creciendo.

Trasladar las soluciones a la sanción penal no está produciendo los resultados esperados, a pesar de que Colombia tiene penas bastante altas y severas, y se han dirigido recursos copiosos al fortalecimiento, modernización y autonomía de la rama judicial.

La sociedad no acepta que la mora siga siendo el rasgo principal de la justicia penal y la impunidad uno de los catalizadores de mayor potencia en la sensación de inseguridad ciudadana. Las historias de detenidos en flagrancia que quedan libres, de los reincidentes que estaban en detención domiciliaria y los vencimientos de términos son los titulares frecuentes de las secciones judiciales de los medios de comunicación.

El problema es multidimensional y grave. Su análisis y las propuestas de solución exigen integrar muchas estructuras legales que están desconectadas: el sistema penal acusatorio, el sistema penal de Ley 600 de 2000, el régimen penal de adolescentes, el sistema penitenciario y carcelario, la extinción del dominio, la incorporación de tecnología moderna y eficiente y las herramientas administrativas de persecución y sanción para anular la movilidad económica de los recursos del delito.

La impunidad y la mora judicial en un país con penas tan altas no tienen que ver con la prevención general de la pena, sino con un defecto sistémico descrito que induce incompetencia, un problema de la administración pública y privada del que se han ocupado personas como Sigmund Freud, Max Weber, Carlos Marx y Lawrence Peter. Pero quizás nadie lo sintetizó mejor que Cyril Parkinson cuando dijo que toda tarea se extenderá hasta agotar el tiempo otorgado para ejecutarla.

En la práctica judicial, eso se traduce en que el sistema se ajusta al estándar más bajo, que es el de la prescripción, el único rasero para medir el tiempo para impulsar los procesos. Algunos toman decisiones antes, pero esa reacción tiende a ser más demorada en la medida en que el plazo sea mayor, que es la propuesta del populismo punitivo de aumentar las penas hasta llegar en algunos casos a la imprescriptibilidad por las penas perpetuas.

Robert Merton dijo que la burocracia tiende a generar entornos en los que la rígida adherencia a reglas y procedimientos por parte de los funcionarios lleva a que privilegien lo normativo sobre los objetivos institucionales. Si la norma les dice que la prescripción es de veinte años, los procedimientos durarán veinte años, causando disfuncionalidad con el objetivo institucional de adelantar las investigaciones en plazos razonables y lograr la ‘pronta y cumplida justicia’.

Es cierto que las declaraciones como delitos de lesa humanidad de algunos casos como el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado o el genocidio de la Unión Patriótica han permitido continuar investigaciones y juicios de mayor impacto, pero esa no es una solución general. Al contrario, lo que hoy vemos en términos de orden social y corrupción es la mejor prueba de que el populismo punitivo, altisonante y atractivo como es, hace parte más de la enfermedad que de su cura.

No es una tarea fácil y ya hay iniciativas como la liderada por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que integra el análisis académico con los insumos de la administración sobre la naturaleza del desafío criminal que está enfrentando la capital, además del diálogo con otras instituciones judiciales, ejecutivas, el sistema disciplinario y la defensoría pública, es importante tener en cuenta el primer mensaje que ha surgido de ese escenario: el incremento de penas no será la solución en un país con una prevalencia delictiva estructural y una percepción de impunidad creciente.