Las votaciones del domingo anuncian una segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Ante la disyuntiva consideraré el nombre del primero porque no me gusta el programa de gobierno ni el estilo de gestión de Petro, que Cepeda adoptó como propios. Además la formación y recorrido en el campo jurídico de De la Espriella me hacen pensar que respetará la institucionalidad, las garantías constitucionales y el Estado de Derecho tan vilipendiados por quien nos gobierna.
Pero no puedo ocultar la preocupación por el desconocimiento del escrutinio manifestado por el presidente, ni mi angustia sobre la forma como se efectuaría la transición en caso de que el triunfador en segunda vuelta no sea el patrocinado por el partido gobernante. Con un país dividido entre dos sectores de tamaño similar y radicalizados ideológicamente, aparecería la sombra de una confrontación civil de proporciones inimaginables y dificultades abrumadoras para que el triunfador pueda gobernar.
No podría ser distinta la perspectiva tras cuatro años en los que se ha usado el odio como arma electoral sembrado sin pausa desconfianza, pugnacidad, envidia, desprecio a la ley y a cuanto pudiera unirnos. Esto sin contar con el dominio territorial ejercido por cerca de treinta mil alzados en armas dispuestos a cometer toda suerte de tropelías y hasta jugarse la vida con tal de imponer su ideología y su voluntad.
Algún día los historiadores identificarán a quienes nos llevaron a la situación presente y concluirán que el único responsable no fue Petro. Quiso despedazar el Estado de Derecho, pero los avances de su designio destructor no pueden achacársele solo a él. Proviene también de la actitud pasiva o condescendiente asumida por quienes tenían el deber de vigilarlo y disciplinarlo, incluyendo a una complaciente Comisión de Acusación. Si los encargados de ponerle límite a sus transgresiones hubiesen intervenido con el rigor que la Ley exige, el personaje quizá habría actuado de manera diferente, allanando el camino para transformaciones sociales sensatas y sostenibles, tal como esperaban los habitantes y sus aliados de la izquierda democrática.
Pero la existencia de esa atmósfera plagada de pugnacidad que se respira es también responsabilidad de quienes somos ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad civil. Mientras se imponía la narrativa de confrontación, aniquilación y despojo contra quienes piensan diferente, los colombianos en general nos mantuvimos pasivos, indiferentes. Con excepciones relevantes como puede ser el caso de Compromiso Valle respaldado por Propacífico, o las iniciativas de la Fundación Alvaralice y otras similares, abdicamos de nuestra responsabilidad de ser protagonistas en la construcción de armonía; fallamos cuando era imperdonable fallar.
Si persiste el discurso de odio a flor de boca en ciertos dirigentes la paz total, la ley de punto final y las iniciativas similares estarán condenadas al fracaso. Incluso la adopción de cualquier nuevo acuerdo será inviable. El punto es que se debe lograr previamente la sanación de los espíritus o los nuevos consensos apenas serán esperanza efímera, cruel decepción.
Nada desean tanto los habitantes de este país como armonía y paz verdaderas, pero estas no se darán por generación espontánea, deben ser resembradas en los corazones tras año de incitación al des encuentro y la violencia. De no aplacar los odio, de no pacificar antes las emociones individuales y colectivas, será imposible avanzar como sociedad en la solución de los problemas que nos aquejan. Y peor aún, seguirá pesando sobre nosotros el fantasma de la guerra fratricida y la disolución nacional.
Un propósito de sanación como el mencionado, solo puede materializarse si cuenta con el respaldo decidido de la sociedad civil, incluyendo academia, sindicatos, gremios e iglesias entre otros. Al efecto es oportuno recordar que hace seis meses el cardenal Luis José Rueda, contando con el concurso de un grupo de ilustres colombianos, lanzó la propuesta de construir un gran acuerdo nacional alrededor de temas como paz y reconciliación; alimentación y agricultura; cultura y educación; salud integral y respeto a la vida. Esa idea oportuna quedó estancada por la falta de receptividad del gobierno.
Pero le diría Monseñor Rueda que esa iniciativa esperanzadora debe relanzarse cuanto antes, centrando el esfuerzo en los asuntos relacionados con la erradicación del odio entre los colombianos, la reconciliación y la construcción de armonía. Un cometido que implica grandes desafíos pedagógicos en asuntos que parten de los principios y valores que nos unen como sociedad y se extiende al desarrollo de una pedagogía de la convivencia y la gestión de emociones para ponerlas al servicio de la vida.