Entre los lunares del gobierno Duque está la tibieza en el manejo de la llamada protesta social. Cali se recupera con dificultad del infierno que vivió a inicios del 2021, cuando la violencia y el bloqueo de la ciudad la condujeron al caos y la anarquía con la complicidad del alcalde. El único legado de aquel famoso estallido -provocado e instrumentalizado por la izquierda- es un tributo a la violencia: un adefesio que nadie se ha atrevido a demoler.
Tres meses antes de aquel 28 de abril de 2021, el gobierno había expedido un estatuto dizque para reglamentar el uso legítimo de la fuerza y proteger el derecho a la protesta social pacífica. Ni lo uno ni lo otro; un protocolo para dilatar la aplicación de la ley que pareciera escrito por la primera línea. Resultado: un incremento en las manifestaciones violentas, atropellando los derechos de terceros, con complicidad descarada del Estado.
Bienvenida entonces la modificación del Decreto 003 de 2021. Salió a comentarios un borrador con ajustes importantes. El medular, que la Policía Nacional pueda intervenir de manera inmediata en una manifestación cuando se presenten agresiones inminentes contra quienes no participan de la protesta o los servidores públicos, para proteger su vida e integridad, sin pasar por tres niveles previos que los violentos saben capitalizar.
Incluye, por fin, una definición no ideologizada de lo que debe entenderse por un acto de violencia y agrega la obstrucción de vías, la amenaza o daño a infraestructura crítica y de servicios esenciales y la afectación grave a terceros, entre otras. Igual de positivo, el que la orden de intervención en ciertos casos la pueda tomar el comandante y no el alcalde o gobernador, que muchas veces cohonestan los actos de violencia.
Se ha acuñado el nombre de protesta social al ejercicio de unos derechos fundamentales esenciales en una democracia como la libertad de expresión y opinión, de circulación y participación, y el derecho de reunión y asociación, que deben ser protegidos. Derechos inalienables que deben ser puestos en práctica sin violencia y respetando los derechos de los demás, en particular los de quienes no hacen parte de la manifestación pública.
El problema es que de eso tan bueno no dan tanto. Lo usual es la violencia, en especial en marchas o plantones convocados por la izquierda. Y cuando hay actos de vandalismo o delictivos, la receta está inventada: culpan a supuestos infiltrados. Lo triste es que las autoridades y medios, por lo general, le siguen el juego. Felices quedan los facinerosos. Hizo carrera la protesta social híbrida, con y sin violencia, por la que nadie responde.
Debe prohibirse el bloqueo total, parcial, prolongado, temporal, intermitente, de todas las vías nacionales y de algunas regionales, sin excepción, y de vías en las ciudades y municipios donde no haya alternas que presten el mismo servicio. Debe además permitírsele a la policía intervenir de inmediato y sin titubeos cuando hay daño en bienes públicos y privados. La Constitución ordena resguardar la vida, honra y bienes de los ciudadanos.
Estábamos pasados de echar a la basura el decreto 003 de 2021. Ojalá el nuevo decreto, que incluye mejoras significativas, vaya más allá. La igualdad ante la ley es el precepto constitucional más incumplido. No más cierres de la Panamericana, de vías a puertos y aeropuertos, bloqueos a industrias, vandalismo y ambulancias retenidas, por cuenta de actos criminales disfrazados de protesta. Basta del abuso de un derecho fundamental.