El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella dijo hace pocos días, y de manera pública, estas palabras: “Sepan ustedes, señores de la izquierda, que en mí tendrán siempre un enemigo acérrimo, que hará todo lo que esté a su alcance para destriparlos...”. Más antes, la reconocida comediante Alejandra Azcárate se había expresado de manera muy similar diciendo que, en referencia a la izquierda, “a esa plaga hay que exterminarla”.
Dadas las múltiples reacciones de rechazo al contenido y tono de esas declaraciones, ambos personajes debieron salir en público a aclarar que se referían únicamente al escenario político de cara las elecciones de 2026. No obstante estas ‘aclaraciones’, el daño ya está hecho y lo que todos deseamos es que esto no prospere hacia un escenario en el que se aliente el uso de la violencia.
Es una enorme irresponsabilidad atizar el debate político con expresiones de este calibre, en un escenario en el que están prevaleciendo la polarización, la descalificación de lo que resulte contrario y en donde ya emergen signos preocupantes de violencia política, lo cual incluye el condenable asesinato del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay.
Hablar de ‘plaga’ para referirse a la izquierda, que por lo demás actúa en democracia, y peor aún, adjuntarle a esas expresiones verbos como ‘exterminar’ o ‘destripar’, resulta ser algo muy perturbador, incluso tenebroso, en un país con antecedentes como la violencia liberal-conservadora que dejó más de 500 mil muertos luego del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948 o la victimización de muchos líderes sociales y políticos en lo que se ha conocido como el conflicto armado interno, para no hablar también de los dolorosos costos humanos cuando el narcotráfico, liderado por Pablo Escobar y el Cartel de Medellín, desataron esa terrible oleada de atentados y asesinatos en Colombia que se llevó por delante a varias figuras políticas y precandidatos como Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro, entre muchos otros.
Pero la referencia más dolorosa de la violencia política que comienza con este tipo de señalamientos y estigmatizaciones es la del exterminio del partido político Unión Patriótica (UP), formación política surgida de los primeros intentos de lograr una salida política al conflicto armado en el contexto de los diálogos entre las antiguas Farc y el gobierno de Belisario Betancur, en 1984.
No obstante actuar en democracia, bajo el estigma de ser un “brazo político de las Farc”, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en su informe ‘Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002′, la violencia contra la Unión Patriótica dejó por lo menos 4153 personas asesinadas, secuestradas o desaparecidas. Más recientemente, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contabilizó, en otro informe publicado en 2022, 5733 militantes de la Unión Patriótica asesinados entre 1984 y 2016, incluyendo dos candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, 5 congresistas en ejercicio (Leonardo Posada, Pedro Jiménez, Octavio Vargas, Pedro Luis Valencia, Manuel Cepeda), 11 diputados, 109 concejales, varios exconcejales, 8 alcaldes en ejercicio, 8 exalcaldes y miles de militantes fueron sometidos a exterminio físico y sistemático por parte de grupos paramilitares, miembros de la Fuerza Pública, el entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y grupos vinculados al narcotráfico.
El mayor riesgo hoy en Colombia es que el debate electoral gire peligrosamente hacia una espiral alentada por expresiones que casi que incitan a la violencia al utilizar expresiones más propias de la descalificación y la deshumanización (plaga, enemigos) que de un debate de ideas y argumentos, que por intenso que sea, es propio de una democracia realmente activa.
Por supuesto, esta exigencia para desescalar el lenguaje descalificador y violento interpela a todos los sectores, incluyendo al gobierno nacional, a la propia izquierda y muchos otros lugares del poder en Colombia y de la opinión pública.
Por lo mismo hay que retomar los llamados recientes de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la Misión de verificación de la ONU para bajarle el tono a la agresión verbal y la polarización de manera que siempre prevalezca la defensa de la vida y el respeto a las ideas contrarias, de cara a las elecciones del 2026.
Este es el sentido también de la idea del ‘Pacto Político Nacional’ consignado en el Acuerdo de Paz de 2016, que hoy, más que nunca, vale la pena promover y apropiar por parte de todos los colombianos.