El Contralor General ha hecho un fuerte pronunciamiento sobre la crítica situación de las finanzas públicas que concluye con un Control de Advertencia al Ministerio de Hacienda sobre los riesgos inminentes para el patrimonio estatal derivados del manejo de la deuda pública.

El diagnóstico de la situación fiscal es conocido: lento crecimiento del recaudo tributario y acelerado crecimiento del gasto que ha llevado a un elevado déficit fiscal ($118 billones, o 6,4 % del PIB), de niveles similares a los registrados después de la pandemia.

En el foro realizado para presentar este pronunciamiento el Ministerio de Hacienda respondió con una visión menos pesimista, señalando además que existe un problema estructural de inflexibilidad del gasto público (93 % del gasto ya está comprometido) que viene desde hace muchos años y varios gobiernos. Es cierto, pero también es cierto que este gobierno lo ha empeorado.

La discusión sobre los responsables de las dificultades fiscales puede ser importante para las campañas electorales, pero lo relevante ahora es definir un plan de acción para que el nuevo gobierno, cualquiera que sea, pueda enfrentar el problema.

La advertencia del Contralor se refiere a la sostenibilidad de la deuda pública, que aumentó $176 billones el año pasado, por tres factores que la amenazan: “Un déficit primario persistente acompañado de un contexto de altas tasas de interés reales y una modesta tasa de crecimiento real de la economía”. A esto se añade la subida de los intereses de los TES (no por culpa del Banco de la República) y la concentración de sus vencimientos, lo que genera un mayor gasto por servicio de la deuda y obliga a disminuir otros gastos.

Como si esta situación no fuera ya muy preocupante, hay otro riesgo en el manejo de la deuda que no menciona el Contralor y que puede tener consecuencias más graves: el riesgo de no poder conseguir los préstamos necesarios para cubrir el déficit fiscal y tener la caja para pagar los gastos del Estado.

Según el Plan Financiero de Minhacienda, este año la Nación necesita obtener créditos por $128 billones, $102 billones para financiar el déficit y el resto para amortizaciones; se espera que el origen de estos recursos sea $43 billones de créditos externos y $85 billones del mercado doméstico. La Carf opina que el déficit está subestimado y que puede ser $32 billones más grande, con lo cual las necesidades de financiamiento llegaría a $160 billones. ¿Quién nos va a prestar toda esa plata?

En circunstancias normales es posible conseguir tal cantidad de créditos pagando más caro por ellos, como sucedió el año pasado. El riesgo enorme que tenemos es que se desate una crisis financiera mundial, se cierren los mercados de capitales internacionales y los inversionistas extranjeros que hoy tienen más del 25 % de los TES en circulación, decidan venderlos, comprar dólares y llevárselos. Entonces se cortaría el chorro, no conseguiríamos créditos a ningún precio y tendríamos una profunda recesión como la de 1999.

Hay que prepararse para que la crisis, si llega, no nos coja con los calzones abajo. Un aspecto fundamental es recuperar la confianza de los mercados, para lo cual es necesario dar señales claras de compromiso con la reducción del déficit y de respeto a la autonomía del Banco de la República. Lo otro es preparar los salvavidas que son el FMI, el Banco Mundial y el BID.