Nadie discute la importancia estratégica de diversificar la matriz energética nacional, y avanzar hacia energías más limpias y usos más eficientes de los recursos energéticos. Por eso la Ley 2169 de 2021, conocida como Ley de Acción Climática, estableció medidas de corto, mediano y largo plazo para avanzar en un modelo de desarrollo bajo en carbono; y para lograr en 2050 la carbono neutralidad, esto es, ser capaces de retirar de la atmósfera –por distintos medios– los gases de efecto invernadero que emitamos como país. Se trata de un propósito por el bienestar de las presentes y futuras generaciones.

Para lograr esos objetivos, es determinante la concertación en un diálogo intersectorial enmarcado en la visión del desarrollo sostenible que se sustenta en tres dimensiones: económica, social y ambiental. Estos tres frentes son interdependientes, y por ende la transición hacia energías más limpias no puede planearse con visión aislada ambientalista, sin considerar las repercusiones de las medidas frente a la estabilidad fiscal, la economía, la inversión, el desarrollo social, o la competitividad del sistema productivo.

Los sectores minero-energéticos representan el 9% del PIB, y son todavía fuente significativa de exportaciones, inversión extranjera e ingresos para el Estado. Tampoco se puede ignorar el contexto internacional actual, que plantea retos energéticos y económicos a todas las Naciones.

A la fecha no vemos claridad en la política minero-energética. Desde el Ministerio del ramo se han dado señales y pronunciamientos sensibles sobre el futuro de la exploración y explotación petrolera, que han tenido que ser moderados por otros ministerios. La incoherencia y confusión en mensajes han creado incertidumbre entre la gente y en los mercados.

El Presidente de la República debe poner orden y asegurar que la Cartera rectora de esa política realice una concertación eficaz con los actores involucrados, sin polarización ideológica, para que las decisiones se tomen basadas en la evidencia, la conveniencia y la factibilidad real; y a partir de diálogos amplios, tal como se observa en el sector agropecuario y de desarrollo rural, o en el económico y de hacienda, en los que los ministros han promovido la discusión participativa de las reformas.

Las entidades territoriales que dependen de las regalías, los sectores energéticos, de hidrocarburos y mineros, del comercio y la industria, los gremios del transporte, los ambientalistas, los expertos en planificación urbana y rural, los líderes de ciencia y tecnología, entre otros, tienen relevancia en la formulación de la política energética.

Colombia viene multiplicando su capacidad de generación de energía eólica y solar y asumió ambiciosos compromisos internacionales contra el cambio climático. Pero tampoco somos el principal país responsable por este fenómeno. “Estamos dispuestos a transitar a una economía sin carbón y sin petróleo, pero poco ayudamos a la humanidad con ello. No somos nosotros los que emitimos los gases de efecto invernadero”, dijo el presidente Petro en su discurso de posesión.

Podemos planear la sustitución de hidrocarburos con una transición realista y moderada. Al ser un país que cuenta con estos recursos, debemos usarlos de forma responsable, sin crear dependencias innecesarias de otros países -menos de regímenes inestables o autoritarios-, para garantizar la seguridad energética acorde con los objetivos de una economía diversificada y un desarrollo sostenible generador de equidad social.