El presidente Duque ha convocado un pacto nacional y la cooperación de países aliados alrededor de estrategias que nos permitan erradicar los cultivos ilícitos y enfrentar los narcocriminales que destruyen al país. Su decisión tiene un mensaje claro: Colombia aspira a ser un país de legalidad, que promueve el emprendimiento lícito y el desarrollo con equidad. Un país que no tolerará un crimen que es fuente de corrupción, enriquecimiento ilícito, daño en la salud pública, violencia y muerte, y que ha destruido cientos de miles de hectáreas de bosques para la siembra de coca.

Cualquiera que sea la cifra –209 mil hectáreas según Washington o 171 mil según la ONU— estamos ahogándonos en el área más grande de cultivos ilícitos y la mayor producción de cocaína de nuestra historia. Los exiguos programas de sustitución voluntaria del gobierno anterior fracasaron y la flexibilización en la política antidrogas en medio de las negociaciones de La Habana nos pasó la cuenta de cobro.

Para frenar esa narcobonanza, Duque impulsa un plan integral. Con programas de erradicación obligatoria y asistencia social efectiva en las zonas afectadas con mayores recursos para los programas del posconflicto. Con aspersión controlada de glifosato inevitable en siembras masivas alejadas, que no afecte cultivos de pancoger. Con interdicción más eficaz por aire, tierra y mar, y acciones firmes para desarticular las disidencias de las Farc y otros grupos dedicados al narcotráfico. Y con persecución a estructuras que negocian con precursores e insumos químicos.

Para enfrentar al microtráfico que crece aterradoramente propone medidas que algunos critican pero que demuestran que las normas de Policía de hoy son inefectivas. El debate público debe permitir que se encuentre una salida eficaz para desmontar redes locales de expendedores. No es posible mantener esquemas que favorecen a quienes presentan como dosis personales de semanas y meses paquetes de drogas que los agentes públicos tienen que devolver al supuesto drogadicto, que en muchos casos es el que vende incluso a niños y adolecentes.

Internacionalmente, el Presidente se unió a los compromisos suscritos por 130 países en la 73ª Asamblea General de la ONU. Al fin y al cabo, el problema mundial de la droga es una responsabilidad compartida entre países de origen, tráfico y de destino, y tan vital como detener la producción es reducir la demanda con prevención y educación, ampliar los esfuerzos de tratamiento y recuperación, y fortalecer la cooperación mundial en temas policiales, judiciales y de salud.

El presidente entiende la gravedad de quedarnos a la zaga en la lucha contra este delito. Sabe que no podemos cruzarnos de brazos a la espera de que otros Estados actúen, pues nosotros somos ante todo los dueños de nuestro propio destino y de nuestras decisiones como país. Su plan nos convoca a fortalecer la cultura social de legalidad. Si tantas Naciones del mundo han avanzado en su desarrollo con economías legales, nosotros también podemos. La meta de disminuir los sembrados de coca en un 70 % en 4 años, es posible. Proteger a las nuevas generaciones es posible. Tenemos la responsabilidad de respaldar al presidente Duque en la estrategia integral contra las drogas ilícitas para rectificar el rumbo y rescatar al país de los abismos de esa narcoeconomía que amenaza la paz, la democracia, la seguridad nacional y la vida de todos.