Como si fueran pocos los problemas que enfrenta Buenaventura, ahora la alcaldesa Ligia Córdoba, del Partido La U, pretende entorpecer las operaciones del puerto más importante de Colombia. Una verdadera ‘alcaldada’ que amenaza con profundizar las dificultades de una ciudad golpeada por el abandono institucional, la inseguridad y la falta de infraestructura.

Mediante el Decreto 0338 de 2026, el Distrito estableció un cobro de $4.235 COP por tonelada de carga movilizada hacia o desde las terminales portuarias. Una decisión que, según la Andi, podría representar sobrecostos superiores a $84.000 millones anuales. Y aunque la Alcaldía asegura que pretende financiar obras viales, cabe preguntarse si la solución a décadas de rezago consiste en pasarles una nueva factura a quienes todavía apuestan por Buenaventura.

Más aún cuando la competencia internacional no da tregua. Mientras Chancay, en Perú, emerge como un nuevo referente logístico del Pacífico y los puertos ecuatorianos de Guayaquil y Posorja fortalecen sus capacidades, Buenaventura continúa enfrentando obstáculos que comprometen su competitividad. No podemos seguir encareciendo nuestras operaciones mientras otros países trabajan para abaratar las suyas, atraer inversiones y crear nuevas rutas.

El panorama es todavía más preocupante cuando revisamos las deudas del Gobierno Nacional. Ni durante la administración Duque ni durante la de Petro se concretó la necesaria profundización del canal de acceso. Tampoco hubo soluciones definitivas para proyectos estratégicos como la Vía Mulaló–Loboguerrero. Obras que llevan años atrapadas entre anuncios, controversias y trámites interminables.

¡Pero la infraestructura no es el único problema! Buenaventura continúa expuesta a la violencia de organizaciones criminales como los Shottas y los Espartanos, cuyos diálogos se convirtieron en otro fracaso de la Paz Total. A esto se suman los bloqueos periódicos que afectan a los transportadores, interrumpen cadenas de suministro y aumentan los costos logísticos.

Pero no acaba aquí, porque persisten economías ilícitas como el contrabando. Las investigaciones alrededor de alias ‘Papá Pitufo’ recuerdan las presuntas redes de corrupción que habrían facilitado el ingreso de mercancías ilegales por nuestros puertos. Por eso, resulta contradictorio que mientras el Estado enfrenta dificultades para contener la competencia desleal, las autoridades locales pretendan imponer nuevas cargas al comercio formal.

Tampoco deja de sorprenderme la actitud ‘conciliadora’ de la gobernadora Dilian Francisca Toro, quien ahora propone abrir debates sobre la situación portuaria.

¿Acaso la Gobernación del Valle no tiene responsabilidad en el rezago de Buenaventura? ¿No lleva ella manejando los hilos del departamento desde hace más de una década? Más que nuevas discusiones, los vallecaucanos necesitamos conocer sobre resultados e inversión, así como tener mandatarios que acudan a la justicia cuando existan dudas sobre la legalidad de ciertos decretos.

No podemos equivocarnos: defender al sector productivo y a los transportadores no significa desconocer las necesidades de Buenaventura. Todo lo contrario. Sin inversión privada disminuyen las oportunidades de empleo, se pierden los ingresos de muchas familias y se reducen las posibilidades de desarrollo para miles de bonaverenses cansados de la precariedad.

En consecuencia, espero que el Gobierno Nacional actual tenga éxito donde sus predecesores fallaron y contribuya a la solución de una problemática que ni la Alcaldía ni la Gobernación han sabido manejar, pues Buenaventura no necesita decretazos… necesita seguridad, infraestructura y la competitividad derivada de ambas, es decir, la eliminación de barreras a la generación de riquezas y aún más importante, autoridades que sepan lo que hacen.