En una unidad de cuidados intensivos se encuentran personas de todos los niveles de ingreso, de todos los géneros, razas o creencias. Misma clínica, mismo quirófano, mismos equipos de salud, mismo cirujano. Es uno de los espacios más igualitarios que tiene nuestra sociedad.

Durante la pandemia ninguna familia colombiana tuvo que vender su casa para cubrir los gastos médicos que se requerían en la atención de enfermos por Covid-19. Según la última información disponible, entre 1990 y 2015 el porcentaje de mujeres que no tuvo ningún control prenatal paso de 15% a 2,4%. Estos son logros del sistema de salud en donde el aseguramiento es la columna vertebral. No reconocerlos no es serio.

Una madre en Arauca se hizo el autoexamen de seno y detectó una pequeña masa, solo seis meses después fue atendida por un especialista cuando ya el cáncer había avanzado. Un niño de cinco años en Vichada que padece una enfermedad huérfana dejó de recibir sus medicamentos desde hace dos meses. Un adulto mayor requiere cita con médico especialista y la próxima cita disponible está para dentro de seis meses. Estas son algunas fallas de nuestro sistema actual de salud. No reconocerlas tampoco es serio.

Ante esta realidad el camino que Colombia se merece es uno solo: avanzar en la construcción de un mejor sistema de salud a partir de preservar sus bondades y atacar de manera directa sus falencias.

Para lograrlo los colombianos nos merecemos un debate serio, transparente y basado en data confiable. Donde tengan espacio los diferentes actores del sistema guiados por un único propósito compartido: asegurar el bienestar de los pacientes a lo largo y ancho del país en un modelo de salud sostenible y que cuente con claros indicadores que permitan su seguimiento.

Voces que defienden el statu quo no deben tener cabida en este debate, como tampoco aquellas que quieren destruir lo que para muchos analistas serios es el logro social de política pública más importante alcanzado en los últimos treinta años. Nuestro sistema hoy tiene una cobertura del 99%, convirtiéndose en un referente para muchos países.
Pero esto no es suficiente, es necesario diferenciar entre cobertura y acceso.

La Colombia rural tiene serias dificultades para acceder a los servicios de salud y en este punto surgen importantes preguntas que deben ser resueltas con rigurosidad y mucho sentido de responsabilidad. ¿La red de prestadores es suficiente?; ¿el país cuenta con los médicos generales y especialistas que necesita para atender la demanda?; ¿qué esfuerzos se están haciendo en promoción y prevención?; ¿la infraestructura hospitalaria que existe es idónea?; ¿el presupuesto en salud alcanza para cubrir todas las necesidades? Esto por mencionar algunos interrogantes que deben contestarse cuando se piensa en reformar el sistema de salud.

Los cambios que se introduzcan a nuestro sistema de salud deben articular los actores públicos y privados, incluidas sociedades médicas y asociaciones de pacientes. Volver al modelo exclusivamente público sería retroceder en los avances indiscutibles alcanzados en las últimas décadas y que nos pertenecen a todos los colombianos.

La gran mayoría de los actores del sistema han expresado su compromiso para participar en espacios de análisis, discusión y formulación de propuestas. Es responsabilidad del Gobierno nacional, en cabeza de la Ministra de Salud, convocarlos y de verdad oírlos. No es el momento para un activismo político radical.