Se está acabando 2025 y, sin embargo, 17 artistas de Cali que trabajaron para la Secretaría de Cultura durante el 2024 siguen esperando el pago de sus honorarios. Todos hicieron parte del proyecto Cultores, una iniciativa pensada para acercar el teatro, la danza, la música y las artesanías a las comunidades. La promesa era que la cultura podía ser una herramienta de transformación social en los barrios. Ellos lo creyeron. También creyeron que les iban a pagar. Hasta ahora, eso no ha sucedido.

“Todos los días siento la incertidumbre de si voy a contar o no con esa plata que me deben. En mi caso son más de tres millones de pesos. Acabo de llamar a la Corporación Piensa, el operador del programa, y las respuestas son las mismas de todos los meses: que no se están robando la plata, que van a pagar, pero que no tienen cómo hacerlo porque la Dian les embargó las cuentas. Dicen que están buscando hasta debajo de las piedras para encontrar los recursos, pero es lo que han comentado desde hace meses, sin que nos paguen, y ya no sabemos qué creer”, cuenta uno de los cultores, que pide no revelar su nombre.

Como él, varios temen denunciar públicamente por miedo a ser excluidos de futuras convocatorias de la Alcaldía. Pero detrás de ese número, 17 cultores, hay madres cabeza de hogar que sostienen casas con lo mínimo; jóvenes que rechazaron otros trabajos confiando en la palabra del Estado; artistas que se endeudaron para pagar la seguridad social y poder cobrar legalmente por su labor.

La situación se hizo pública en septiembre, cuando en este diario publiqué la denuncia de los artistas. Sin embargo, a pocos días de diciembre, nada ha cambiado: los cultores siguen sin recibir lo que se les debe y las explicaciones siguen siendo las mismas.

La Secretaría de Cultura afirma haber girado la totalidad de los recursos a la Corporación Piensa, responsable de realizar los pagos y de operar el proyecto de cultores. Pero la corporación, encabezada por su fundador, el abogado John López, insiste en que no ha podido cumplir debido a problemas administrativos y al embargo de la Dian en febrero pasado. Los cultores responden que esa no es su responsabilidad.

Abogados consultados, como Jesús Marino Ospina, presidente del Instituto Colombiano de Contratación Estatal, y el jurista Elmer Montaña, coinciden en que un embargo no exime a la Corporación Piensa de cumplir sus obligaciones contractuales. “Por el contrario es una evidencia más de fallas administrativas y del incumplimiento de obligaciones tributarias”, explican.

Mientras tanto, el tiempo pasa. Y la deuda permanece, como si la cultura fuera prescindible.

Cuando lo entrevisté para el reportaje, John López aseguró que con la venta de una casa en Jamundí pagaría parte de las deudas, comenzando por los cultores. Dijo que ellos eran su prioridad, porque también le adeuda salarios a empleados de la Corporación Piensa. Hasta ahora, fueron solo palabras.

Pese a todo, los cultores no se rinden. Algunos están preparando una demanda colectiva para intentar recuperar su dinero. O al menos una parte: el acuerdo con los abogados es que sus honorarios serán un porcentaje del monto que logren recuperar. “No podemos pagar de otra forma pero es una manera de no perder todo lo que trabajamos”.

En Cali, a veces, ser artista es un acto de fe.