Siguen los remezones al interior del gobierno de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro. En esta ocasión, el cambio viene por cuenta de 19 contratos para la producción compartida de petróleo y gas con empresas privadas que fueron firmados durante la administración de Maduro. La medida haría parte de una revisión más amplia relacionada con los acuerdos heredados de esa administración, según informaron fuentes con conocimiento.
El Ministerio de Petróleo tomó la decisión de suspender dichos contratos mientras se realiza un análisis tanto por parte del gobierno venezolano como del estadounidense acerca de la validez y las credenciales de las empresas involucradas en los acuerdos.
Algunas de las empresas involucradas en los acuerdos son poco conocidas y los hicieron cuando todavía Venezuela estaba bajo el régimen de sanciones por parte de los Estados Unidos. Con el cambio en las políticas internacionales, una vez capturado Maduro, se han abierto las puertas para el inicio de un periodo de revisión de las autoridades a cargo de Delcy Rodríguez.
Por lo pronto, la suspensión de los contratos abarcan áreas como el Lago de Maracaibo, la Faja del Orinoco y varios campos petroleros maduros. Sin embargo, hasta el momento, no se ha afectado la producción total de petróleo y gas del país, según se conoció. La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) ha continuado con la comercialización del crudo.
Esta revisión conjunta de ambos gobiernos podría derivar en la recomendación de revocar algunos de estos contratos, en caso de que se detecten irregularidades o falta de capacidad técnica o financiera por parte de las empresas firmantes. El proceso también considera una evaluación de los antecedentes de las compañías, con el objetivo de determinar si cumplen con los requisitos legales y operativos en el nuevo contexto político para la producción y comercialización del petróleo venezolano.
Cabe añadir que, desde la captura de Maduro, el gobierno de Donald Trump se ha hecho con el control de las exportaciones del crudo. En este sentido, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido licencias a algunas empresas con el fin de que puedan comercializar con el petróleo venezolano y tengan la posibilidad de operar en el sector energético del país, bajo ciertas condiciones.
Dicho control por parte de los norteamericanos se ha traducido en cambios legales en Venezuela, como que a finales de enero la Asamblea Nacional aprobara una reforma a la Ley de Hidrocarburos, con la que se busca atraer inversión extranjera a la industria.