La crisis de Derechos Humanos en la región de Xinjiang, en el noroeste de China, está estrechamente relacionada con las dinámicas de consumo global, según las denuncias que han realizado los integrantes del pueblo Uigur.
Los Uigur son una minoría musulmana residente en esta región autónoma del noreste de China, contra quienes ha arreciado desde el 2017 una persecución por el Gobierno de Pekín en la que han confinado en campos de concentración a cerca de un millón de personas y organismos de derechos humanos han denunciado un genocidio en marcha en contra de esta comunidad.
“Las formas como el Gobierno de China viene aniquilándonos son las más inhumanas, pero es aún más triste ver que el mundo guarda silencio ante el genocidio. Hemos documentado casos de mujeres que están siendo esterilizadas y muchas otras a las que les han quitado sus hijos para evitar que aprendan la lengua, que sigan la religión musulmana y que reconozcan como su única autoridad el Partido Comunista”, explica a El País bajo reserva de identidad una de las integrantes del pueblo Uigur exiliada en Turquía.
Videos que han circulado en redes sociales muestran como en países como Alemania los integrantes de la diáspora Uigur han ingresado a manera de protesta en algunas tiendas de ropa donde se venden productos maquilados en China y que estarían vinculados con la esclavitud laboral a la que son sometidas las minorías en Xinjiang para explicar a los clientes el origen de los productos
En el centro del problema se ubica el hecho de que esta región produce alrededor del 80 % de todo el algodón que se produce en China y el 20 % del que se produce en todo el mundo.
Algunos estudios realizados por organizaciones como Uyghur Rights Monitor y la Universidad de Sheffield Hallam encontraron que el Gobierno de Pekín realiza programas de supuesta ‘transferencia de mano de obra’, que en realidad sería el trabajo forzoso para los Uigur en la cosecha de algodón y el trabajo en hilanderías que venden sus productos a grandes empresas de textiles.
Entre tanto, investigaciones de la Australian Strategic Policy Institute y de algunos académicos como Adrian Zenz han documentado cómo el Gobierno chino traslada a miles de Uigures de Xinjiang a fábricas en otras provincias bajo un esquema estatal de ‘asimilación’, que en términos claros no es otra cosa que trabajo forzado disfrazado en un juego verbal.
Entre esas marcas tradicionales comprometidas estuvieron las tiendas Zara, que han sido sometidas a una enorme presión regulatoria en países como Estados Unidos, donde existe una ley contra el trabajo forzado exclusivamente por explotación del pueblo Uigur.
En su caso los señalamientos no van dirigidos o involucran directamente a sus tiendas sino a las empresas que hacen parte de su cadena de suministro o terceros países intermediarios, como Vietnam o Bangladesh, donde llega el algodón cosechado mediante trabajos forzados y luego de hilado y confeccionado se oculta el origen del material.
Al respecto, las directivas de Indetex, que es la empresa propietaria de las tiendas Zara, han asegurado que cortaron lazos con proveedores cuestionados en la región de donde provienen los materiales de sus prendas, aunque investigadores aseguran que es imposible garantizar que subproveedores entreguen prendas libres de esclavitud laboral en Xinjiang.
Sobre las Fast Fashion
Ese escenario cambia drásticamente cuando se relaciona a las tiendas virtuales Shein y Temu.
Ambas plataformas de origen chino han revolucionado el comercio mundial aprovechando un vacío legal de envíos internacionales, lo que les permite enviar paquetes individuales directamente desde las fábricas en China a los consumidores de todo el planeta, evitando así los controles aduaneros.
Investigaciones independientes y reportes legales aseguran que trazas de algodón de Xinjiang aparecen de manera recurrente en las prendas de Shein y que la marca se ha sumado recientemente a nuevos parques industriales en la provincia de Cantón (Guangdong), donde el Estado chino conectaría de manera directa las bases de producción algodonera de Xinjiang con las cadenas de confección de moda rápida.
Frente a la marca Temu, un mercado digital que conecta directamente a fabricantes chinos con los consumidores en el mundo, el hecho de no poseer inventario propio hace que sea imposible realizar la trazabilidad de sus productos, lo que facilitaría, según informes de expertos, que se pueda ocultar fácilmente el trabajo forzado y la explotación laboral en China.
“No es que nuestras familias estén solo confinadas dentro de su propio territorio, convertido en el mayor campo de concentración en el mundo, sino que son obligados de manera forzosa a realizar trabajos para el Estado. Ese es el secreto de la mano de obra barata en China”, asegura uno de los jóvenes Uigur que llegaron a Guatemala para denunciar lo que ocurre con su comunidad.
“Temu y Shein se han convertido en la mejor herramienta para ocultar la verdadera procedencia de las prendas y productos realizados con mano de obra esclavizada. Y todos queremos vestirnos con ropa a buen precio, pero el mundo debe saber que ese precio barato es a costa del dolor, la sangre y la separación de nuestros familiares”, agrega.
Informes de organizaciones como Anti-Slavery International y recientes quejas legales presentadas en tribunales europeos aseguran que el modelo de negocio de estas plataformas, con envíos directos individuales al consumidor y baja fiscalización aduanera, aprovecha la infraestructura de subsidios e industrialización del Estado chino.
“Esto convierte a estas cadenas en potenciales canales de distribución global de mercancías confeccionadas bajo regímenes de trabajo forzado coercitivo, donde las maquilas tradicionales se nutren de una mano de obra sin derechos laborales básicos”, asegura el cuerpo de la denuncia.
Este modelo de comercio, conocido como ‘minimis’, como se ha denunciado en los últimos años, se ha convertido en el principal punto ciego para evadir normas contra la explotación laboral en muchos países del mundo, básicamente porque las importaciones ingresan a los países en grandes contenedores marítimos y la regla de ‘Minimis’ establece un monto máximo exento y cualquier envío individual cuyo valor esté por debajo de ese límite ingresa al país libre de aranceles y con una fiscalización aduanera mínima o muchas veces inexistente.