La tensión política en Venezuela volvió a escalar este domingo 8 de febrero tras la denuncia de un presunto secuestro del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa en Caracas, un hecho que generó reacciones inmediatas desde la dirigencia opositora, los familiares del político y, horas después, del propio Ministerio Público.
Según la denuncia hecha pública por la líder opositora María Corina Machado a través de la red social X, Guanipa habría sido interceptado de manera violenta por un grupo de hombres armados vestidos de civil en la urbanización Los Chorros, ubicada en el este de la capital venezolana.
De acuerdo con su relato, los sujetos se movilizaban en cuatro vehículos y actuaron de forma coordinada, llevándose al dirigente sin identificarse. Machado calificó el hecho como un secuestro y exigió su liberación inmediata, al tiempo que pidió la intervención y vigilancia de la comunidad internacional.
La alerta fue reforzada minutos después por los familiares del dirigente. Ramón Enrique Guanipa, hijo del opositor, confirmó públicamente que su padre fue abordado por un grupo de aproximadamente diez personas armadas, quienes no portaban identificación visible. En su pronunciamiento, aseguró que la acción fue ejecutada de manera organizada y denunció la gravedad de lo ocurrido, exigiendo una prueba de vida de su padre y su inmediata liberación.
El familiar también detalló que durante el operativo se logró identificar algunos de los vehículos presuntamente utilizados por los responsables, entre ellos un Corolla plateado, una camioneta Range Rover blanca y un Renault Symbol. Estas denuncias incrementaron la preocupación sobre el paradero de Guanipa, especialmente por el contexto en el que se produjo el hecho.
Horas más tarde, el Ministerio Público venezolano se pronunció mediante un comunicado oficial en el que informó haber solicitado ante el tribunal competente la revocatoria de la medida cautelar que había sido concedida al dirigente opositor.
Según la Fiscalía, la solicitud se fundamenta en el supuesto incumplimiento de las condiciones impuestas, particularmente en lo relacionado con pronunciamientos públicos y contactos con medios de comunicación, lo que, a su juicio, habilita legalmente la revisión de los beneficios otorgados.
En el comunicado, el ente acusador precisó que las medidas cautelares están sujetas al cumplimiento estricto de las obligaciones establecidas por los tribunales, y que su violación permite solicitar su sustitución o anulación.
En ese contexto, indicó que pidió al juzgado evaluar nuevas decisiones dentro del proceso penal, incluyendo un eventual régimen de detención domiciliaria, así como la aplicación del Programa de Convivencia Democrática y Paz y la Ley de Amnistía, enmarcadas en un llamado a la “reconciliación nacional”.
Guanipa acababa de ser liberado
Cabe señalar que, el presunto secuestro se produjo pocas horas después de que se confirmara la liberación de Juan Pablo Guanipa. Según informó su hijo, el dirigente había recuperado su libertad en la mañana del mismo 8 de febrero, tras permanecer más de ocho meses privado de ella.
Su excarcelación se dio en el marco del proceso de liberaciones anunciado por el oficialismo en las últimas semanas, sin que se conocieran mayores detalles sobre las condiciones impuestas.
Tras hacerse pública su liberación, el propio Guanipa difundió un breve video en el que confirmó que se encontraba en libertad y aseguró que tenía “mucho que decir sobre el presente y el futuro de Venezuela”, afirmando que continuaría actuando “con la verdad por delante”.
Su salida de prisión fue celebrada por diversos dirigentes opositores, entre ellos María Corina Machado, quien lo calificó como un “héroe” y reiteró su llamado a la libertad de todos los presos políticos.
Juan Pablo Guanipa, exdiputado y dirigente del partido Primero Justicia, había sido detenido en mayo de 2025, cuando se encontraba en la clandestinidad, en el marco de un operativo oficial que lo vinculó a un presunto plan para sabotear procesos electorales.
Su liberación se sumaba a la de cientos de presos políticos reportadas por organizaciones de derechos humanos en los últimos meses, antes de que se denunciara este nuevo y grave episodio en su contra.