Una de las publicaciones médicas más influyentes a nivel mundial ha puesto bajo la lupa la situación del sistema de salud colombiano. El British Medical Journal, reconocido entre las cinco revistas científicas generales más importantes por su impacto en la práctica clínica y las reformas sanitarias globales, dedicó un extenso análisis a examinar la crisis que atraviesa el modelo sanitario de Colombia.
El artículo, denominado ‘How politics destroyed Colombia’s model healthcare system’, que traduce a ‘Cómo la política destruyó el modelo de sistema de salud de Colombia’, fue elaborado por el periodista Luke Taylor y plantea que las modificaciones impulsadas durante la administración del presidente Gustavo Petro desmantelaron un esquema que por dos décadas fue considerado referente en América Latina.
El texto describe una degradación gradual que inició con demoras en la atención médica y culminó en una crisis generalizada. Los primeros síntomas fueron las extensas filas de pacientes desde horas tempranas frente a las farmacias y la postergación constante de procedimientos quirúrgicos de rutina.
Y así, el panorama siguió empeorando, puesto que llegaron los desabastecimientos críticos: medicamentos esenciales desaparecieron de los estantes, se registró escasez de insulina y tratamientos oncológicos, mientras pacientes en condiciones críticas eran rechazados en los centros hospitalarios.
Frente a esto, la publicación advierte que el sistema enfrenta en la actualidad cierres de servicios vitales como salas de maternidad y unidades neonatales, al tiempo que los servicios de urgencias operan sobresaturados y se cancelan programas de formación para médicos especialistas.
El BMJ recuerda que durante más de dos décadas, el sistema colombiano fue elogiado por la OMS y el Banco Mundial. Su reporte indica que el país logró cubrir al 99 % de la población, mantener uno de los gastos directos más bajos entre países de la OCDE y posicionar 11 hospitales entre los 30 mejores de Sudamérica. The Lancet ubicó a Colombia en segundo lugar en servicios de salud en América Latina, gastando apenas 477,30 dólares por persona, el monto más bajo de la región.
No obstante, el texto resaltó que Gustavo Petro asumió en el 2022 la presidencia y promovió una transformación radical, argumentando que los negocios privados no debían participar en la gestión de un derecho humano. Atacó públicamente a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y cuando su proyecto de ley se estancó en el Congreso, recurrió a decretos ejecutivos para intervenir varias EPS.
En abril de 2024, el Gobierno asumió el control de Nueva EPS (10 millones de afiliados) y Sanitas (5,7 millones), llevando al 60 % de los recursos del sistema bajo manejo estatal, según BMJ.
Pero más allá de resolver el problema financiero, estas decisiones agravaron la situación. Las deudas de las EPS con hospitales y clínicas crecieron hasta que los prestadores comenzaron a rechazar pacientes. Un informe del Ministerio de Salud de julio de 2025 señala que las EPS adeudan más de 32,9 billones de pesos a los prestadores.
Además, grandes hospitales de Bogotá cerraron urgencias en 2025, los tiempos de atención se triplicaron y el gasto directo empuja a familias a la pobreza.
“No importa quién llegue al poder, necesitamos instituciones que impidan que esto vuelva a ocurrir”, concluye Diego Rosselli, exprofesor de economía de la salud de la Pontificia Universidad Javeriana, fuente citada en este artículo.