El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) oficializó las directrices que regirán los trámites de residencia permanente durante el mes de mayo de 2026.
Basándose en el más reciente Boletín de Visas del Departamento de Estado, la agencia determinó que para los procesos de patrocinio familiar se utilizará la tabla de “fechas para presentación”, permitiendo a miles de solicitantes adelantar sus carpetas antes de que una visa esté físicamente disponible.
Por el contrario, quienes aspiren a una residencia por empleo deberán regirse estrictamente por la tabla de “acción final”, un mecanismo que controla la emisión efectiva de los documentos según los límites anuales establecidos por el Congreso.
La abogada Andrea García, experta en el manejo de pasivos, señala que, si bien todas las deudas tienen la posibilidad de prescribir, los tiempos varían significativamente según la naturaleza de la entidad acreedora.
Mientras que las obligaciones comerciales y civiles suelen cumplir el ciclo de los tres años, las deudas de carácter tributario con entidades como la DIAN o las secretarías de Hacienda departamentales requieren un plazo mayor, extendiéndose hasta los cinco años.
Es fundamental que el ciudadano entienda que la prescripción no opera de manera automática, requiere una actuación proactiva del interesado ante las casas de cobro o las instituciones bancarias.
Cuando una obligación supera el trienio, el deudor debe notificar formalmente a la entidad que el término de cobranza ha vencido. No obstante, este trámite puede escalar a instancias judiciales. De acuerdo con Daniela Melo, consultora jurídica, el acreedor tiene la potestad de acudir ante un juez para intentar reactivar el derecho de cobro, escenario donde técnicamente se podría originar una “nueva obligación”.
En este punto, el proceso se traslada a un juzgado civil, donde el deudor cuenta con un plazo de diez días para aportar las pruebas necesarias que certifiquen el vencimiento del plazo legal y así solicitar que el juez declare la extinción de la exigibilidad.
A pesar de los beneficios legales de la prescripción, centrales de riesgo como Datacrédito advierten sobre las secuelas que el incumplimiento deja en el perfil reputacional. El atraso persistente en los pagos genera una mancha en el historial crediticio que dificulta el acceso a nuevos productos financieros y reduce los montos de préstamos aprobados.
Por ello, los expertos coinciden en que, aunque la ley permita cerrar deudas antiguas, mantener un comportamiento de pago puntual sigue siendo la estrategia más efectiva para garantizar la estabilidad económica y el acceso a servicios que mejoran la calidad de vida en el largo plazo.