La nueva política migratoria de la administración Trump podría obligar a miles de colombianos con estatus legal en Estados Unidos a abandonar el país para tramitar su residencia permanente, generando un riesgo de deportación y pérdida de derechos adquiridos.
El cambio elimina el mecanismo histórico de “ajuste de estatus” y obliga a realizar el proceso desde consulados en el exterior, con consecuencias legales y económicas graves.
La decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) establece que los extranjeros que se encuentren temporalmente en Estados Unidos y deseen obtener una green card deberán regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en casos de “circunstancias extraordinarias”.
Este cambio representa una ruptura con más de seis décadas de práctica administrativa, pues el ajuste de estatus había permitido que personas con visas temporales —como estudiantes, trabajadores calificados o cónyuges de ciudadanos estadounidenses— pudieran obtener la residencia sin salir del país. Según expertos, la medida equivale a una moratoria sobre el mecanismo que históricamente ha beneficiado a millones de inmigrantes.
El impacto para los colombianos sería significativo. En años recientes, entre 18.000 y 25.000 colombianos obtuvieron anualmente la residencia permanente en EE. UU., y una parte importante de esos casos se tramitó mediante ajuste de estatus dentro del país.
Bajo la nueva política, la mayoría tendría que abandonar Estados Unidos y realizar el proceso en consulados, lo que abre la puerta a riesgos adicionales: pérdida de empleo y patrocinio migratorio, activación de prohibiciones de reingreso de 3 y 10 años para quienes hayan acumulado periodos de permanencia irregular, y saturación de consulados que retrasaría aún más los trámites.
Otro aspecto crítico es la falta de garantías legales. Mientras el ajuste de estatus dentro de EE. UU. permite apelar decisiones ante tribunales federales, los procesos consulares en el exterior están sujetos a la doctrina de consular nonreviewability, que hace prácticamente inapelables los rechazos de visa.
Esto significa que un colombiano que salga del país para tramitar su residencia y reciba una negativa podría quedar sin posibilidad de regresar, incluso si llevaba años viviendo legalmente en Estados Unidos.
La medida también afecta a categorías sensibles como cónyuges e hijos menores de ciudadanos estadounidenses, trabajadores especializados con visas H-1B o L-1, estudiantes y beneficiarios de peticiones familiares. En total, se calcula que 1,2 millones de solicitudes de residencia permanente están actualmente pendientes dentro de EE. UU., y la mayoría de esas personas tendrían que salir del país bajo la nueva interpretación.
Expertos como David Bier, del Instituto Cato, califican la política como “ilógica y perjudicial”, pues ignora realidades comunes: estudiantes que reciben ofertas de empleo, visitantes que contraen matrimonio o personas que huyen de regímenes represivos.
Además, advierten que la medida podría debilitar la competitividad económica de Estados Unidos al forzar la salida de trabajadores calificados y generar incertidumbre para empleadores y familias.