Una fuerte controversia internacional se desató tras el cruce de declaraciones entre Nayib Bukele y Gustavo Petro, luego de que el presidente colombiano cuestionara el sistema penitenciario de El Salvador.
La respuesta del mandatario salvadoreño no tardó en llegar y lo hizo con una propuesta que rápidamente generó reacciones, ofreció trasladar el 100% de la población carcelaria de su país a Colombia.
El origen de la tensión está en un mensaje publicado por Petro, en el que aseguró que en El Salvador existiría un alto porcentaje de personas detenidas sin ser culpables. En su pronunciamiento, calificó la situación como un crimen contra la humanidad.
Además, el presidente colombiano utilizó una expresión que elevó el tono del debate al referirse a las cárceles como “campos de concentración”, señalando que, en su opinión, miles de jóvenes estarían siendo privados de la libertad sin justificación.
Ante estas afirmaciones, Bukele respondió directamente en la misma red social. En su mensaje, afirmó que, si lo dicho por Petro fuera cierto, se trataría de una situación que exigiría acciones contundentes.
En ese contexto, planteó una propuesta, facilitar el traslado de todos los detenidos en El Salvador, incluyendo aquellos considerados presos políticos o casos que pudieran ser cuestionados desde una perspectiva de derechos humanos.
El mandatario salvadoreño fue enfático en una condición, el traslado debería incluir a la totalidad de la población carcelaria. Según indicó, no tendría sentido aceptar que incluso una sola persona permaneciera detenida si se considera que existe una violación sistemática.
Bukele también recordó que una propuesta similar ya había sido planteada en el pasado a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, sin que hasta ahora haya recibido respuesta.
El intercambio ocurre en medio de un contexto complejo en El Salvador. Desde 2022, el país se encuentra bajo un régimen de excepción que ha permitido la captura de miles de personas en el marco de la lucha contra las pandillas.
De acuerdo con cifras oficiales, más de 90.000 personas han sido detenidas durante este periodo. Sin embargo, el propio Gobierno ha reconocido que miles de esos casos corresponderían a personas que no tendrían vínculos con estructuras criminales.
Organizaciones de derechos humanos han documentado denuncias sobre posibles abusos, incluyendo muertes bajo custodia estatal, lo que ha generado preocupación en distintos sectores internacionales.
A pesar de estas críticas, la estrategia de seguridad ha mantenido altos niveles de aprobación dentro de El Salvador, donde el Gobierno defiende los resultados en la reducción de la violencia.