Más de 3.000 colombianos podrían quedar en riesgo de deportación en Estados Unidos tras las nuevas medidas impulsadas por la administración de Donald Trump contra el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca).
Según estimaciones del Instituto para la Política Migratoria (MPI) y datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), entre 3.000 y 3.500 jóvenes nacidos en Colombia han estado amparados por este mecanismo en los últimos años.
Aunque representan menos del uno por ciento del total de beneficiarios —unos 525.000—, el impacto para la comunidad colombiana es significativo, pues se trata en su mayoría de personas que llegaron siendo niños, crecieron en ciudades estadounidenses y carecen de vínculos reales con su país de origen.
El programa Daca, creado en 2012 bajo la administración de Barack Obama, fue concebido como una medida temporal para proteger de la deportación a jóvenes inmigrantes sin antecedentes penales que habían llegado al país siendo menores de edad.
Cabe aclarar que este programa no otorgaba un estatus legal permanente, en la práctica funcionaba como un escudo que impedía la expulsión de sus beneficiarios. Sin embargo, la estrategia actual del gobierno busca erosionar gradualmente esa protección y endurecer las condiciones de vida de los llamados dreamers, con el objetivo de empujarlos a abandonar el país.
El cambio más reciente provino de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), que determinó que el estatus de Daca no puede ser considerado, por sí solo, un argumento válido para cerrar un proceso de deportación.
El precedente de la activista Catalina Santiago, cuyo proceso fue reabierto bajo este criterio, marca un precedente que podría afectar a miles de beneficiarios. La decisión abre la puerta a que más casos sean reconsiderados, aumentando la incertidumbre para medio millón de personas que hoy viven y trabajan legalmente bajo este programa.
Paralelamente, funcionarios del Departamento de Seguridad Interna (DHS) han intensificado el mensaje de que los beneficiarios de Daca pueden perder su protección en cualquier momento si son arrestados o cometen incluso delitos menores.
“Los inmigrantes ilegales que dicen ser beneficiarios de Daca no están protegidos de manera automática de una deportación ni les confiere un estatus legal en este país”, afirmó la portavoz Tricia McLaughlin, quien instó a los jóvenes a abandonar Estados Unidos de manera voluntaria y “buscar ingresar luego de la manera correcta”.
Las medidas concretas para restringir su permanencia incluyen la eliminación del acceso a seguros de salud subsidiados bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare), lo que encarece significativamente la cobertura médica para este grupo.
En conjunto, estas acciones reflejan una ofensiva más amplia de la Casa Blanca para reducir la inmigración y debilitar progresivamente el programa que durante más de una década ha protegido a miles de jóvenes, incluidos más de 3.000 colombianos, que ahora enfrentan un futuro incierto en Estados Unidos.