Mercenarios colombianos fueron contratados por empresas oriundas de los Emiratos Árabes y recibieron entrenamiento militar en bases de este país para posteriormente combatir hombro a hombro con las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar que tiene enfrentamientos con el Ejército desde el 2023.
Así lo confirmó un informe de Human Rights Watch, alineado con las revelaciones del Conflict Insights Group. Exmilitares colombianos han sido pagos para operar drones y ejecutar el asedio de 18 meses que fue una de las consecuencias de la caída de la ciudad de El Fasher, operación militar que la Corte Penal Internacional investiga como posible crimen de lesa humanidad.
“Teníamos familias con personas con discapacidad, personas sordas y niños con síndrome de Down (...) Un miembro de las RSF llamó a otro y le dijo: ‘¡Ven a ver a este loco!’. Y finalmente los mataron (...) Después de matar, arrestaron a algunas mujeres (...) Y decían: ‘Maten a los ambayat (esclavos)’”, afirmó uno de los testigos a los investigadores del informe.
Esa misma persona reveló que sudaneses árabes eran quienes cometían los asesinatos y que junto a ellos hacían presencia hombres blancos de baja estatura con cascos y uniformes militares.
“Tenían rifles de francotirador (...) armas pequeñas con silenciadores (...) Llevaban algo alrededor del pecho, mangas cortas e insignias”, agregó.
Y es que las pruebas recopiladas por el informe investigativo de Human Rights Watch demostrarían que mercenarios colombianos fueron pagados por la empresa Global Security Services Group (GSSG) desde 2024, con el propósito de fortalecer la milicia paramilitar que ha participado en la guerra civil de Sudán.
Algunos medios de comunicación informaron que al menos 300 colombianos habían sido desplegados desde agosto de 2024. En ese momento, Fuerzas de Apoyo Rápido estrechaban el cerco a la altura de El Fasher, la última ciudad de Darfur con poder del Ejército sudanés.
“Un contratista militar colombiano dijo que, cuando llegó a los EAU, se saltó los controles de inmigración. ‘No nos sellaron los pasaportes’ y que, junto con otros contratistas, fue trasladado de forma inmediata a la base de Ghiyathi, donde recibió entrenamiento por parte de ciudadanos emiratíes”, afirma el documento de Human Rights Watch.
La presencia de los colombianos en esta guerra en Sudán fue confirmada por medio de videos difundidos en redes sociales en los que en un convoy viajaban los connacionales.
Human Rights Watch, durante la toma de El Fasher, pudo verificar una serie de videos en los que se observa a contratistas militares privados extranjeros, presuntamente colombianos, combatiendo en una ofensiva que, según denuncias ciudadanas, dejó asesinatos, violaciones, hambrunas y ataques selectivos contra personas con discapacidad.
Según el relato de un contratista colombiano, en abril de 2025 debió entrenar a reclutas del grupo paramilitar en campamentos ubicados en las inmediaciones de Nyala.
“El reclutamiento de contratistas militares privados colombianos se suma a un creciente conjunto de evidencias de que los Emiratos Árabes Unidos brindan apoyo militar a las Fuerzas de Apoyo Rápido, que han cometido repetidamente crímenes atroces en Sudán”, señaló la directora de la División de África de Human Rights Watch, Mausi Segun.