La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, firmó el viernes 16 de octubre una resolución solicitando a las autoridades de Estados Unidos la admisión de la isla como el estado número 51 del país norteamericano, en “igualdad de condiciones” que el resto.
“Hoy (...) firmé la Resolución Conjunta 66-2026, una medida de administración que conmemora el 250 aniversario de la fundación de los Estados Unidos y confirma la petición de admisión de Puerto Rico como estado de la Unión, en igualdad de condiciones con los demás estados”, anunció González en sus redes sociales.
La gobernadora, quien suscribió el documento en un acto con presencia de congresistas y senadores, miembros de su gobierno y representantes de la sociedad civil, defendió que esta petición “nace de la voluntad de nuestro pueblo” y pretende “alcanzar la igualdad plena mediante la estadidad” de Puerto Rico.
“Los puertorriqueños hemos contribuido al desarrollo de nuestra Nación, hemos defendido sus libertades y hemos cumplido con las responsabilidades de la ciudadanía americana. Corresponde ahora al Congreso atender esa voluntad y ejercer su autoridad constitucional para admitir a Puerto Rico como estado de la Unión”, manifestó.
La gobernadora apuesta así por formar parte plenamente de Estados Unidos, a diferencia de otros dirigentes puertorriqueños que se inclinan por mantener el actual estatus o la independencia.
Puerto Rico ha estado bajo la tutela de Washington desde 1898, cuando fue invadido al final de la guerra entre España y Estados Unidos. Aunque los isleños recibieron la ciudadanía estadounidense en 1917, se han mantenido en un limbo colonial en el que gran parte de la economía del país depende de la superpotencia mundial.
La isla está exenta de los impuestos sobre ingresos, pero paga la Seguridad Social y el seguro médico para personas mayores y los impuestos locales. Además, recibe menos fondos federales que los estados de Estados Unidos.
El debate sobre el estatus político de Puerto Rico ha dividido a la sociedad isleña durante décadas, enfrentando tres posturas principales: la anexión total (estadidad), la independencia y la permanencia como Estado Libre Asociado.
Quienes defienden convertirse en el estado número 51 argumentan que esta medida erradicaría la desigualdad ciudadana, permitiendo a los residentes de la isla votar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y contar con representación plena en el Congreso de Washington, además de recibir la totalidad de los programas de asistencia social federal.
Por otro lado, los sectores que se oponen a la estadidad advierten sobre el riesgo de perder la identidad cultural, el idioma y la soberanía fiscal de la isla. Los movimientos independentistas y de libre asociación señalan que la subordinación actual ante el Congreso estadounidense responde a un modelo colonial obsoleto. Además, sostienen que la verdadera solución económica y política de Puerto Rico radica en su emancipación comercial y en el autogobierno, en lugar de profundizar la dependencia con la potencia norteamericana.