La lucha por los derechos humanos en el país vecino registró un hito este domingo, 1 de febrero, con la liberación de Javier Tarazona. El profesor e investigador, quien permanecía bajo custodia del Estado desde julio de 2021, fue beneficiado por una medida de amnistía que le permitió abandonar las celdas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
La noticia fue confirmada por la ONG Foro Penal, que difundió imágenes del activista reencontrándose con su madre, Teresa, y su hermano José Rafael en un entorno familiar.
Tarazona fue detenido originalmente en el estado Falcón tras intentar denunciar ante la Fiscalía que estaba siendo víctima de persecución estatal.
Desde entonces, el régimen le imputó cargos gravísimos como terrorismo, incitación al odio y traición a la patria.
No obstante, organizaciones internacionales como la ONU calificaron su detención como arbitraria, señalando que el verdadero motivo de su reclusión fue su labor de denuncia sobre la presencia de grupos armados irregulares y guerrillas colombianas en territorio venezolano.
La permanencia de Javier Tarazona en prisión, que sumó más de 1.670 días, estuvo caracterizada por un sistema judicial que pospuso su derecho a una sentencia firme de manera sistemática.
En octubre de 2022, un hecho insólito marcó su caso, tras dos meses de audiencias continuas, el juicio debió reiniciarse desde cero debido a una baja médica del juez a cargo. Según las leyes locales, si el proceso se detiene por más de diez días hábiles, todo lo avanzado queda anulado, lo que para su defensa representó una “condena anticipada”.
A lo largo de estos años, la audiencia preliminar de Tarazona sufrió aplazamientos constantes, ocurriendo la última de estas dilaciones en junio de 2025.
Fundaredes, la organización que lidera, denunció en repetidas ocasiones que el activista fue sometido a tortura psicológica y aislamiento prolongado en las instalaciones de El Helicoide. Incluso, el propio defensor llegó a declarar ante el tribunal haber sido víctima de maltratos físicos por parte de agentes de seguridad del Estado.
Uno de los factores que más aceleró las peticiones de libertad por motivos humanitarios fue el alarmante deterioro físico del educador. Durante su cautiverio, Javier Tarazona desarrolló o vio agravadas condiciones médicas crónicas como diabetes, fibrosis pulmonar, hipertensión arterial y arritmia cardíaca.
Amnistía Internacional, que lo declaró preso de conciencia, advirtió reiteradamente que la falta de tratamiento médico especializado ponía en riesgo inminente su vida dentro de los centros de reclusión.
La presión de organismos multilaterales fue constante hasta el último momento. El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas emitió una opinión formal a inicios de 2025 exigiendo su liberación inmediata, basándose en la falta de pruebas sustanciales para los delitos imputados.