El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, lanzó una advertencia directa a Occidente ante la posibilidad de un aumento de la presencia militar en Groenlandia. Según afirmó ante legisladores rusos, Moscú responderá con “contramedidas militares” si la isla es convertida en una plataforma estratégica dirigida contra su país.
El jefe de la diplomacia rusa fue enfático al señalar que, en caso de que se desarrollen capacidades militares orientadas a Rusia, su gobierno adoptará medidas “adecuadas”, incluidas acciones de carácter técnico-militar.
Dichas declaraciones se producen en medio de una escalada de tensiones que, entre finales de 2025 y comienzos de 2026, transformó a Groenlandia en uno de los focos más sensibles para la relación entre Estados Unidos y Europa, dado que, el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca marcó un punto de inflexión.
Desde su llegada al poder, el mandatario estadounidense presionó a Dinamarca para facilitar el control de Washington sobre la isla, a la que describió como un territorio “mal ubicado” pero de enorme valor estratégico.
En sus primeras intervenciones públicas sobre el tema, Trump evitó descartar el uso de la fuerza para impedir que Rusia o China ampliaran su influencia en la región, a lo que también sumó medidas de presión económica, pues en enero de 2026, la Casa Blanca anunció la imposición de aranceles del 25 % a productos de la Unión Europea si Copenhague no accedía a negociar la venta de la isla.
En ese contexto, la respuesta europea no tardó, y tanto Dinamarca como otros ocho países miembros de la OTAN desplegaron tropas en territorio groenlandés, mientras el Parlamento Europeo suspendió acuerdos comerciales con Estados Unidos.
Sin embargo, el punto de inflexión llegó durante el Foro Económico Mundial en Davos, en enero de 2026. Allí, Trump sostuvo una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien permitió encauzar la crisis.
De ese encuentro surgió un principio de acuerdo basado en tres componentes centrales. Primero, el compromiso de renunciar tanto al uso de la fuerza como a la aplicación de aranceles.
Segundo, la creación de un modelo de “Bases Soberanas”, similar al esquema británico en Chipre, mediante el cual Estados Unidos obtendría control sobre áreas militares específicas sin que Dinamarca pierda la titularidad formal del territorio.
Y tercero, la instalación de un sistema antimisiles avanzado, denominado Golden Dome, junto con derechos preferenciales para compañías estadounidenses en la explotación de tierras raras.
No obstante, el gobierno autónomo de Groenlandia dejó claro que cualquier decisión sobre el futuro de la isla debe contar con la aprobación de su población. Las autoridades locales subrayaron que no bastará con un acuerdo entre Copenhague, Washington o la OTAN.
A ello se suma el debate jurídico en Dinamarca, donde expertos advierten que la implementación del modelo de bases soberanas implicaría modificar la Constitución, lo que anticipa un proceso político complejo y prolongado.
Este escenario de tensión coincide con otro factor que aumenta la incertidumbre internacional: la expiración del tratado New START, el último gran acuerdo de control de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia, cuyo pacto establecía un límite de 1.550 ojivas nucleares desplegadas por cada país.
Moscú manifestó que respetará ese tope siempre que Washington haga lo propio, mientras que la administración Trump sostiene que el tratado fue “mal negociado” y que está siendo incumplido.
Por último, la Casa Blanca ha planteado que cualquier nuevo acuerdo debería incluir a China, dado el crecimiento de su arsenal nuclear.
Rusia, por su parte, insiste en que, si Beijing es incorporado, también deberían sumarse potencias nucleares aliadas de Estados Unidos, como Reino Unido y Francia.
Por primera vez en décadas, no existe un instrumento internacional vigente que limite la expansión de los arsenales estratégicos, un panorama que ha reactivado el temor a una nueva carrera armamentista en un contexto geopolítico cada vez más volátil.