Como muestra de un ataque a la libertad de expresión, la dictadura de Venezuela ordenó este lunes la captura de Sebastiana Barráez, periodista de Infobae, y de otro grupo de comunicadores.
En declaraciones al país, el fiscal general del régimen chavista, Tarek William Saab, también mencionó a Tamara Sujú, Wender Villalobos, Norbey Marín, y a los militares retirados Mario Carratú Molina y José Colina, a quienes acusó de tener vínculos con “acciones terroristas y la operación Brazalete Blanco”.
El funcionario aseguró que “los delitos por los cuales se les está investigando son: traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del Presidente de la República, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del gobernador del estado Táchira, terrorismo y asociación”.
Adicionalmente, Saab aseguró que desde el pasado mes de mayo hasta la fecha se han registrado múltiples acusaciones contra el mandatario Nicolás Maduro.
“Producto de la información recabada se solicitó, el 19 de enero al Tribunal 2° de Control contra Terrorismo, 14 órdenes de aprehensión en contra de los militares y civiles involucrados con estos planes, las cuales fueron acordadas”, apuntó.
Así mismo, aseguró que ya fueron detenidos Anyelo Julio Heredia Gervacio, Guillermo Enrique César Siero, Tomás Martínez Macías y Carlos Jesús Sánchez Vázquez, Ronald Alejandro Ferrer Vera, Guillermo Henry César Siero, Tomás Martínez Chico y Diana Desiree Victoria Justo.
Estos pronunciamientos llegan en momentos en que la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, viene solicitando al régimen de Maduro la liberación de todos los presos políticos y garantías para unas elecciones libres.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó que en Venezuela se mantiene “el constante y sistemático régimen de censura” que “genera autocensura entre los medios” independientes: “Los periodistas se ven asediados por el régimen, son acosados y amenazados cuando intentan cubrir protestas sociales o denuncian irregularidades y corrupción”.
En el informe entregado por la SIP expusieron 22 casos que dan cuenta de la persecución que se tiene en contra de la libertad de prensa, entre los que resaltan el cierre de emisoras y los espacios informativos dentro de ellas, intimidación a periodistas y bloqueo de portales digitales.