La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el 1 de septiembre una enmienda constitucional impulsada por el presidente Daniel Ortega, que amplía el periodo presidencial y establece restricciones que impiden la participación en comicios de personas señaladas por el Estado como participantes en “actos golpistas” o por “traición a la patria”, según el comunicado oficial del Legislativo.
La reforma eleva la duración del mandato presidencial de seis a siete años y, además, incorpora causales que pueden inhabilitar a aspirantes que, a juicio de las autoridades, hayan solicitado “intervención militar” o participado en lo que el Gobierno califica como intentos de desestabilización.
La votación, descrita por la presidencia del Parlamento como unánime, se produce en un contexto de fuerte concentración del poder en torno a Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y tras una serie de reformas previas que han modificado el calendario electoral y la arquitectura institucional del país.
En 2024, una reforma ya había ampliado el mandato de cinco a seis años y elevó a Murillo al cargo de copresidenta; la nueva modificación extiende ahora ese periodo a siete años y aplica la nueva duración tanto a futuros mandatarios como a las autoridades actualmente en funciones, según el texto aprobado.
El paquete de cambios llega después de la represión de las protestas de 2018, que dejó un saldo de muertos y una ola de exilios de dirigentes opositores, intelectuales y religiosos.
Asimismo, el Gobierno sostiene que aquellas movilizaciones fueron un intento de golpe de Estado con apoyo externo, una narrativa que ha servido para justificar medidas de seguridad y sanciones internas contra críticos y opositores.
Organizaciones y líderes en el exilio han denunciado que las recientes reformas buscan garantizar la continuidad del poder en la familia Ortega‑Murillo, en un escenario en el que el presidente enfrenta problemas de salud que, según allegados, podrían complicar la sucesión.
La reforma incluye además disposiciones que permiten la exclusión de aspirantes a cargos públicos por su supuesta participación en “actos golpistas” o por haber solicitado intervención extranjera, términos que críticos advierten son vagos y susceptibles de aplicación arbitraria. La oposición interna en Nicaragua es hoy muy reducida, tras años de detenciones, procesos judiciales y exilios que han dejado al país con pocas alternativas políticas visibles en el terreno doméstico.
En cuanto a la reacción internacional fue inmediata y mayoritariamente crítica, Estados Unidos y varios países de la región han expresado su rechazo a las reformas y han impulsado debates sobre sanciones y medidas diplomáticas. La Organización de Estados Americanos convocó una reunión de cancilleres para analizar posibles respuestas.