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Dueños de la discoteca Jet Set podrían enfrentar hasta 20 años de cárcel tras cambio en la acusación
Un tribunal de República Dominicana modificó la calificación jurídica del caso contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca, cuyo techo se desplomó en abril de 2025 y dejó 236 personas fallecidas.
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16 de oct de 2026, 09:12 p. m.
Actualizado el 16 de oct de 2026, 10:04 p. m.
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Los propietarios de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, República Dominicana, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión luego de que un tribunal modificara la calificación jurídica de los delitos por los que son procesados por el derrumbe del techo del establecimiento, ocurrido el 8 de abril de 2025.
La decisión, adoptada el viernes 16 de octubre de 2026 por el juez Franny González, modifica la acusación contra Antonio Espaillat, propietario del establecimiento, y su hermana Maribel Espaillat, administradora del negocio. Ambos habían sido enviados a juicio bajo la figura de homicidio involuntario, pero ahora deberán responder por homicidio por dolo eventual, una calificación que contempla sanciones más severas.
El caso Jet Set dio un giro este viernes, luego de que el juez Franny González Castillo acogiera la calificación jurídica de homicidio voluntario bajo la figura del dolo eventual contra Antonio y Maribel Espaillat, procesados por el desplome del techo de la discoteca, y ordenara… pic.twitter.com/33Ib715vCn
— CDN 37 (@cdn37) October 16, 2026
El desplome ocurrió durante un concierto del reconocido cantante de merengue Rubby Pérez, quien murió en la tragedia junto con otras 235 personas. El accidente conmocionó a República Dominicana y generó reclamos de familiares de las víctimas y sobrevivientes para que se investigaran las posibles responsabilidades de los administradores del establecimiento.
Con el cambio de calificación jurídica, el proceso judicial deberá reiniciarse ante un nuevo tribunal, según explicó el juez.
¿Por qué los propietarios podrían enfrentar hasta 20 años de prisión?
La modificación de la acusación responde a una solicitud de los representantes legales de las víctimas, quienes consideraban que el caso no debía tratarse únicamente como un homicidio involuntario.
La Fiscalía sostiene que los hermanos Espaillat conocían las condiciones estructurales que representaban un riesgo para las personas que asistían a la discoteca antes de que ocurriera el derrumbe. Según la acusación, las advertencias sobre el estado del techo y las condiciones del establecimiento debieron llevar a tomar medidas para evitar una tragedia.
El juez citó los argumentos del Ministerio Público al explicar su decisión. Entre ellos se encuentra la tesis de que el colapso no fue un hecho completamente imprevisible y que existían señales de riesgo que debían ser atendidas.
El homicidio por dolo eventual es una figura jurídica que se relaciona con situaciones en las que una persona prevé la posibilidad de causar un resultado grave y, pese a ello, acepta el riesgo de que ocurra. En este caso, la discusión judicial se centra en determinar si los responsables del establecimiento conocían los riesgos y si su conducta permite atribuirles esa forma de responsabilidad penal.
La tragedia ocurrió la madrugada del 8 de abril de 2025, cuando el techo de la discoteca Jet Set se desplomó durante una presentación musical de Rubby Pérez, uno de los intérpretes más reconocidos del merengue dominicano.
Una decisión jurisdiccional histórica: Hoy hemos logrado lo que pocos creían posible: hacer justicia en memoria de las víctimas del Jet Set.
— Yan Carlos Martínez Segura (@YANSEGURAM) October 16, 2026
Este mérito es también de los colegas abogados meritorios que, desde el inicio, al igual que yo, planteamos esta tesis jurídica del dolo… pic.twitter.com/mf7wdyk0ko
El accidente dejó 236 personas fallecidas, incluido el cantante, y decenas de sobrevivientes con lesiones físicas. La emergencia movilizó a los equipos de rescate y generó una extensa operación para localizar a quienes quedaron atrapados entre los escombros.

Comunicadora social y periodista, egresada de la Universidad Santiago de Cali, con diplomado en Derechos Humanos. Apasionada por contar y transmitir historias, con interés en cubrir temas políticos, sociales y judiciales.
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