El reciente escándalo en la cárcel de máxima seguridad La Paz, en Itagüí, sigue generando repercusiones políticas y mediáticas. La ostentosa fiesta vallenata organizada en el penal, con la participación del cantante Nelson Velásquez y un despliegue de lujos que incluyó vehículos de alta gama y la presencia de civiles controlando el acceso, ha sido calificada por autoridades locales como un “resort de la criminalidad”.
El evento, celebrado por alias Pocho y financiado junto a alias Tom y alias Charry, tuvo un costo estimado de 500 millones de pesos y derivó en la suspensión temporal de los diálogos de paz urbana con cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá.
Las imágenes de la presentación musical y los detalles sobre el pago de 100 millones de pesos en efectivo al artista han despertado llamados de concejales de Medellín para investigar el origen de los recursos.
El episodio ha sido interpretado por expertos como una falla crítica en el diseño del proceso de paz, al evidenciar la capacidad de los grupos delincuenciales para demostrar poder y reforzar sus redes desde el interior de los centros penitenciarios.
La polémica traspasó fronteras y llegó hasta El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele aprovechó la situación para lanzar un nuevo mensaje contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro.
El mandatario salvadoreño recordó las críticas que Petro había hecho a su modelo carcelario, calificando las prisiones de su país como “campos de concentración de población civil”. Bukele, en respuesta, señaló en su cuenta de X: “Ahora entiendo el porqué de sus críticas al CECOT: se estaba anticipando a esto. Siempre es lo mismo; todos los que defienden delincuentes terminan teniendo una agenda oscura detrás”.
El presidente salvadoreño, además, reiteró la oferta que ya había hecho días atrás: trasladar a Colombia el “100 por ciento” de los detenidos en su país, incluyendo los llamados presos políticos. “Por cierto, la oferta sigue abierta. Si decide llevárselos, definitivamente la pasarán mejor en sus cárceles”, añadió el mandatario de manera firme.
Las declaraciones de Bukele se suman a la controversia nacional por el manejo de las cárceles en Colombia y ponen en evidencia la tensión entre dos modelos opuestos de política penitenciaria.
Mientras en El Salvador se defiende la mano dura contra las pandillas, en Colombia el escándalo de Itagüí ha debilitado la credibilidad de la estrategia de paz urbana, dejando en entredicho la capacidad del Estado para ejercer control en sus prisiones.