El hombre identificado como John Eric Spiby, de 80 años, pasó de vivir con la expectativa de una jubilación tranquila tras ganar la lotería en 2010 a convertirse en el cerebro de una sofisticada red dedicada a la producción y distribución de medicamentos falsificados en el noroeste de Inglaterra, según reportes judiciales y policiales recopilados por medios internacionales.
Spiby, quien obtuvo en 2010 un premio mayor de la lotería, equivalente a unos 2,77 millones de euros, decidió utilizar esa fortuna como capital inicial para establecer una operación criminal que acabó siendo valorada en cientos de millones de euros por las autoridades.
La investigación, liderada por la policía de Greater Manchester, determinó que la organización montó un laboratorio clandestino en una propiedad rural del propio Spiby, donde se instaló maquinaria industrial para fabricar millones de pastillas falsas destinadas al mercado ilegal.
Estas pastillas contenían sustancias como etizolam, un tranquilizante que puede ser entre seis y diez veces más potente que el diazepam y que representa un riesgo severo para quienes las consumen.
Con el paso de los años, la producción creció tanto que la banda trasladó las operaciones a una nave industrial en Salford, ampliando considerablemente su capacidad de fabricación. La producción y distribución se extendieron entre 2020 y 2022, abasteciendo puntos de venta ilegal en diversas zonas del Reino Unido, especialmente alrededor de Manchester.
El tribunal de Bolton Crown Court encontró a Spiby culpable de múltiples cargos, entre ellos la fabricación y distribución de drogas, posesión de armas y obstrucción de la justicia.
Además de la pena de 16 años y seis meses de prisión, la sentencia también fue impuesta a su hijo, John Colin Spiby Jr., y a dos colaboradores cercanos, Lee Drury y Callum Dorian, quienes cumplieron plazos adicionales por su participación en la red criminal.
Durante el juicio, las autoridades revelaron detalles sobre la escala de las operaciones, incluyendo intentos de distribuir millones de pastillas en una sola intervención policial, con un valor estimado en decenas de millones de euros, y el uso de comunicaciones cifradas para coordinar movimientos del grupo sin despertar sospechas.
Los agentes involucrados en el caso subrayaron el peligro que representaba la venta de medicamentos falsificados a consumidores desprevenidos, quienes creían adquirir fármacos legítimos.
La presencia de sustancias no reguladas y de alta potencia en las pastillas ha sido relacionada con un elevado número de muertes y casos de emergencia asociados al consumo de estas drogas en el Reino Unido.
La contundencia de las pruebas y la magnitud de la red llevaron al juez a imponer una pena que cubrirá gran parte de la expectativa de vida restante del principal acusado.