La Consulta fue ideada por un grupo de dirigentes políticos y sociales, en especial de la Alianza Verde, que desde el 2017 se dio a la tarea de conseguir al menos cuatro millones de votos para avalar la convocatoria. Una vez consiguieron las firmas, el proceso jurídico se dio en el Consejo Nacional Electoral, CNE, en donde se verificó la legalidad de las rúbricas y se controlaron los gastos para su recolección.

Un año después de ese proceso, en abril pasado, se dio el aval y con él la Consulta llegó al primero de varios análisis. La plenaria del Senado debía avalar la convocatoria, un procedimiento que era casi obligatorio para que el Gobierno y la Registraduría le dieran fecha para ir a las urnas.