Hay un momento en todo gobierno en que la promesa deja de sonar a futuro y empieza a convertirse en balance. No ocurre de un día para otro, pero suele sentirse con claridad al entrar en el tercer año.
No porque todo tenga que estar terminado. Sería injusto exigirlo así, más aún en una ciudad tan compleja como Cali. Gobernar no es soplar y hacer botellas. Pero a estas alturas del mandato la ciudadanía empieza a preguntar con menos paciencia y con más derecho: ¿qué se hizo?, ¿qué falta?, ¿qué todavía puede cumplirse?, ¿qué debe explicarse sin rodeos?
Ese es el año que no perdona.
Y en ese tramo, la contratación pública deja de ser un asunto reservado a abogados, supervisores, ordenadores del gasto o funcionarios de presupuesto. Se convierte en una prueba de gobierno. Una prueba concreta: demostrar si lo contratado está ayudando, de verdad, a cumplir las metas que se prometieron.
Cali ha dado pasos que deben reconocerse. Hoy existen herramientas públicas para consultar procesos, contratos, reportes, planes de compra, ejecución contractual, cursos, información para proveedores y espacios de seguimiento ciudadano. Plataformas como “Pa’ que Veás” han acercado a empresarios, veedores y ciudadanos a un sistema que durante años pareció escrito en clave para iniciados.
Eso cuenta. Y hay que decirlo.
Pero también conviene decir algo con igual franqueza: publicar información no es lo mismo que gobernar con información.
Una administración puede tener tableros, enlaces, reportes, bases de datos y cursos disponibles, y aun así no haber respondido la pregunta de fondo: ¿esa contratación está moviendo las metas del Plan de Desarrollo? ¿Los contratos están dejando resultados verificables? ¿La supervisión está produciendo evidencia útil? ¿El ciudadano puede entender, sin necesidad de ser experto, qué problema público se está resolviendo con cada peso contratado?
Ahí está el verdadero examen.
Durante el primer año casi todo puede explicarse como instalación. El gobierno llega, arma equipo, revisa cifras, organiza dependencias, ajusta diagnósticos y convierte el programa de gobierno en Plan de Desarrollo. En el segundo año todavía hay margen para decir que la maquinaria está tomando ritmo. Pero en el tercero la conversación cambia.
Ya no basta anunciar.
Ya no basta decir que algo está en proceso.
Ya no basta mostrar que se contrató.
Hay que demostrar qué produjo esa contratación.
Porque contratar no es ejecutar. Y ejecutar, aunque a veces se confunda, no siempre es transformar.
Un contrato es una herramienta. Importante, claro. Necesaria, muchas veces. Pero herramienta al fin. Lo que importa es la cadena completa: Plan de Desarrollo, presupuesto, proyecto, contrato, supervisión, evidencia, resultado y explicación pública. Cuando esa cadena se rompe, el gobierno puede terminar lleno de expedientes, pero pobre en logros defendibles.
En Cali ese riesgo no es menor.
La contratación pública mueve recursos, define prioridades, activa proveedores, abre oportunidades para Mipymes, genera empleo y permite que las promesas se conviertan en obras, bienes, servicios y capacidades institucionales. Pero también puede volverse una suma dispersa de procesos si no existe una lectura clara de cierre.
Por eso, en el tercer año, cada contrato debería pasar por una pregunta incómoda:
¿Esto ayuda a cumplir una meta o apenas ayuda a mover presupuesto?
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