Por Camilo García / Colprensa
Más de 41 acciones terroristas en 18 municipios, cerca de 20 muertos y más de 30 heridos: ese es el resultado de una escalada violenta orquestada por las disidencias de las Farc en el suroccidente del país.
En entrevista con Colprensa el director de la Policía general William Rincon habla sobre las motivaciones detrás de esos ataques: asegura que se trata de una estrategia para huir de la presión de las autoridades y se compromete a capturar a los responsables.
¿Qué hay detrás de la escalada de violencia en Cauca y Valle del Cauca que dejó cerca de 20 muertos y más de 30 heridos?
Rechazamos de manera categórica estas acciones: el uso de explosivos en vías públicas que pone en riesgo a niños, adultos mayores, mujeres, comunidades indígenas, transportadores y personal médico. No tiene ninguna justificación.
Detrás de todo esto hay una dinámica terrorista liderada por alias Iván Mordisco, comandante del Estado Mayor Central, quien ha coordinado, junto a otros delincuentes, más de 41 acciones terroristas en 18 municipios de Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Huila.
Estos ataques no son casuales: responden a la presión que reciben de las Fuerzas Militares y la Policía y lo que buscan es abrir camino para poder huir. Hemos capturado familiares y colaboradores cercanos de su estructura y realizado operaciones que los han debilitado significativamente.
Estamos hablando de 663 operaciones contra grupos organizados, incluyendo el ELN y el Estado Mayor Central, con 3.333 capturas, de las cuales 947 han sido extraditadas. Hemos bloqueado también 11.936 laboratorios que producían entre dos y seis toneladas de base de coca, golpeando directamente su economía criminal.
¿Hacía donde están huyendo?
En lo que respecta al Estado Mayor Central, hay cuatro figuras clave que seguimos de cerca, siendo alias Marlon la principal. Se desplaza por rutas montañosas y selváticas que le dan facilidad de evasión, y cuenta con el aval de comunidades pequeñas que le facilitan los cultivos y la minería y que en algunos casos son directamente afines a él. Estamos ofreciendo 5.000 millones de pesos por información sobre su paradero. Seguramente si el silencio se rompiera seriamos más acertados.
También identificamos a alias Ferley, con recompensa de 1.000 millones, y a alias Mi Pez y Jairo Ramírez, con otros 1.000 millones. Todos tienen control criminal en ese territorio y todos están en nuestro radar. El solo hecho de perseguirlos los obliga a actuar de forma simultánea y en los momentos que creen más oportunos. Le prometo a Colombia que los vamos a capturar.
Las recompensas para lograr la captura de Marlon han venido aumentado en los últimos años sin resultados concretos ¿Qué está fallando?
La dificultad radica en las condiciones del entorno. Las zonas geográficas donde se mueve le facilitan la evasión. Pero más allá del terreno, lo que realmente lo protege es la red de complicidades que ha construido: comunidades que lo encubren porque los tiene instrumentalizados, amedrentados o porque se benefician de la economía ilegal que él representa.
La droga y la minería ilegal generan dinero rápido, y ese dinero compra lealtades y silencios. A veces no es miedo; a veces es interés. Eso hace que la información no fluya y que cada recompensa ofrecida choque con una red de protección que no cede fácilmente. Pero no vamos a ser inferiores a estas circunstancias: lo vamos a capturar.
¿Cómo se explica que las disidencias lograran ejecutar atentados de esa magnitud sin que hubiera información que permitiera anticiparlos o neutralizarlos?
Hay que aclarar algo fundamental: no todas las acciones han pasado inadvertidas. Neutralizamos más de 26 amenazas identificadas por inteligencia antes de que se materializaran. Como no generaron daño, no generaron visibilidad mediática.
Lo ocurrido en casos como el del túnel (Cajibío, Cauca) responde a una táctica de distracción simultánea y coordinada. A menos de un kilómetro estaba desplegado el Ejército, pero fue distraído con ataques en otros cuatro puntos al mismo tiempo: afectaciones a estaciones de policía y generación de alertas en múltiples frentes.
Su método consiste en crear múltiples focos de atención en cuestión de minutos para ganar el espacio y el tiempo necesarios para colocar los artefactos explosivos. Es un trabajo táctico preciso, que además se apoya en el silencio de quienes observan lo que ocurre y no informan.
Cuando no logran enfrentar directamente a la Fuerza Pública, atacan a la población civil: es su eslabón más vulnerable y lo explotan de manera deliberada.
Desde 2023 hasta julio de 2025 se registraron más de 245 hechos en el norte del Cauca, Valle y Cali, según cifras de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) ¿Por qué después de años de ataques sostenidos estos grupos siguen golpeando cuándo y dónde quieren?
Hay que entender el contexto histórico. Cauca, Nariño y Valle del Cauca llevan más de 50 años siendo escenarios de violencia terrorista. No estamos hablando de un fenómeno reciente.
En estas zonas existe una cultura de la ilegalidad profundamente arraigada. Algunos sectores no ven a la Fuerza Pública como aliada, sino como una amenaza. Muchos de sus líderes son oriundos de esas zonas, lo que les otorga legitimidad local y respaldo comunitario.
Los cultivos ilícitos y la minería ilegal son los pilares de su economía. Ese dinero financia vivienda, alimentación y bienestar dentro de las comunidades, y con el tiempo se mezcla con la economía formal hasta volverse invisible. Cuando eso ocurre, la ilegalidad deja de percibirse como un problema y empieza a verse como una solución.
El problema, en consecuencia, no es únicamente operativo. Es un asunto de calidad de vida, de reconstrucción del tejido social, de valores y de ética. Y eso exige la acción articulada de todas las instituciones del Estado, no únicamente de la Fuerza Pública.
Los ataques contra la Policía en Cauca y Valle, especialmente en Jamundí, son cada vez más frecuentes. ¿Qué está haciendo la institución para proteger a sus hombres y recuperar el control territorial?
Hemos tomado medidas concretas. Enviamos 1.600 uniformados a las estaciones de policía de la región y reemplazamos a 744 que llevaban demasiado tiempo en zona y habían perdido motivación, hay que decirlo con claridad, después de años en combate. Llegaron personas nuevas, capacitadas en operaciones especiales y con preparación psicológica para estos contextos.
También enviamos más de 104 oficiales en grados de capitán y mayor, dos por estación. El resultado es claro: desde diciembre solo hemos registrado un uniformado fallecido, con el resto de los casos limitados a lesiones leves.
Estos grupos atacan entre 15 y 20 minutos y se retiran. No son capaces de enfrentar a la Fuerza Pública en combate directo. Su ventaja principal está en el uso de drones, tanto para reconocimiento como para ataques. Por eso insistimos en la necesidad urgente de una legislación que regule la venta y uso de estos dispositivos: hoy se comercializan sin ningún control y están llegando a manos de estos delincuentes. Lo mismo ocurre con la minería ilegal: se necesita un código minero con reglas claras.
¿Y en materia de inteligencia?
Ojalá pudiéramos ser el 100% preventivos y anticipativos en este tipo de hechos. Pero aquí juega un papel determinante el silencio de las comunidades. Todos tenemos el deber de informar. Si más personas reportaran lo que observan, algo que les genera duda, algo que les parece extraño, podríamos ser mucho más proactivos.
La inteligencia institucional es una cosa, y la solidaridad ciudadana y la moralidad colectiva son otra. Las dos están profundamente ligadas y no pueden operar por separado. La inteligencia la trabajamos, pero también tiene que haber compromiso, valores y responsabilidad de parte de los colombianos.
El Gobierno anunció el envío de ocho pelotones adicionales del Ejército al suroccidente. ¿Cuál será el refuerzo de la Policía y cómo se articularán para devolver la tranquilidad a esa zona?
Las Fuerzas Militares y la Policía ya trabajamos de manera articulada. La pregunta no es qué vamos a hacer, sino cómo lo venimos haciendo. Continuaremos con operaciones sostenidas y con burbujas de inteligencia específicas para identificar y neutralizar a estos delincuentes.
La persecución contra Iván Mordisco se mantiene con toda la presión. Hemos capturado personas clave en el manejo de sus finanzas, su logística y miembros de su propia familia. Estamos desmantelando su estructura desde adentro. Estamos muy cerca.
Aquí se requiere articulación real con gobernadores, alcaldes, Defensoría del Pueblo y Fiscalía. La seguridad no es responsabilidad exclusiva de la Fuerza Pública: es una tarea de toda la sociedad.