La Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de libertad provisional por vencimiento de términos presentada por los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, quienes son procesados por su presunta participación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

De acuerdo con la decisión del ente judicial, todavía no se ha cumplido el plazo requerido para acceder a este beneficio. Además, la Corte Suprema explicó que el término estaba ampliado por una prueba que debe practicarse en el exterior.

“La resolución de acusación no quedó ejecutoriada antes del 26 de mayo de 2026, de modo que el término base de seis meses no ha transcurrido. Además, como antes de su vencimiento se decretó el testimonio de una persona que se encuentra en el exterior, el término se amplió hasta en seis meses y, en consecuencia, se extendería hasta el 26 de mayo de 2027”, señala el ente judicial.

En ese sentido, explicó que el testimonio exterior que tendrán en cuenta es por parte del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, quien permanece en Nicaragua con asilo político y enfrenta un proceso penal en Colombia por el escándalo de corrupción de la UNGRD, con orden de captura vigente y sin condena definitiva.

La Corte Suprema de Justicia negó la libertad provisional por vencimiento de términos a los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique. | Foto: Corte Suprema

“La Sala determinó que el término se amplía hasta por seis meses adicionales, debido a que ordenó recibir el testimonio de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien se encuentra asilado en Nicaragua. Por esa razón, el plazo aplicable es de doce meses y se extendería hasta el 26 de mayo de 2027”, añade la Corte Suprema de Justicia.

En consecuencia, la Corte concluyó que “negará la libertad provisional solicitada en favor de los dos procesados, sin que sea necesario examinar las circunstancias que, según el inciso segundo de esa norma, excluyen su reconocimiento”.

Los dos congresistas hacen parte del grupo de seis integrantes del Congreso procesados por su presunta participación en el entramado de corrupción de la UNGRD, junto con Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz.

Según la hipótesis de la acusación, los entonces integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público habrían recibido ofrecimientos para impulsar contratos de la entidad en distintos departamentos, a cambio de favorecer operaciones de crédito externo de la Nación.

La investigación se concentra en los acuerdos que, presuntamente, se habrían concertado durante reuniones realizadas en diciembre de 2023 con funcionarios del Ministerio de Hacienda.

*Con información de Colprensa.