El aumento en los homicidios en Cali es motivo de preocupación para los ciudadanos y también para las autoridades, especialmente debido a que en los recientes fines de semana han ocurrido 15 y 16 asesinatos respectivamente.
Por ello, el concejal Marlon Andrés Cubillos propuso implementar un toque de queda sectorizado en los puntos más afectados por este delito, especialmente en el oriente y la ladera de la ciudad.
“Quiero hacer un llamado al Alcalde: desde este Concejo, durante varios meses, se ha solicitado el toque de queda para menores y tristemente debo decir que la administración ha sido sorda ante la solicitud”, aseguró el concejal Cubillos.
Ante la situación expuesta, el cabildante indicó: “Hoy quiero ir más allá; yo creo que es necesario hacer un toque de queda, pero no de menores, sino sectorizado, porque los muertos los está poniendo la ladera de Cali y el Distrito (de Aguablanca)”.
Cabe destacar que entre el 1 de enero y el 3 de octubre se presentaron 160 asesinatos en Cali, un aumento del 9 % con respecto al mismo periodo de 2024, cuando se habían registrado 695.
Si bien la propuesta del Concejal está encaminada a la disminución del homicidio, expertos consultados por El País explicaron que estas medidas no necesariamente benefician a la ciudad.
“En términos generales, los toques de queda no son una herramienta eficaz y sostenida para reducir la violencia. Los estudios comparados muestran efectos nulos o incluso contraproducentes”, aseguró Felipe Fernández, consultor en seguridad y paz.
Según el especialista, medidas como el toque de queda tienden a desgastar la capacidad operativa de la Policía y a deteriorar la confianza con las comunidades, ya que de esta manera no se abordan “las causas estructurales de la criminalidad ni las dinámicas del mercado ilegal”.
Asimismo, Carlos Rojas, exsecretario de Seguridad de Cali e investigador independiente de GovLab en políticas comparadas de Latinoamérica, indicó que los toques de queda eventualmente pueden proteger a las poblaciones y tienen una buena intención, sin embargo, no deben ser a largo plazo.
“Teóricamente, se ven bien esa clase de medidas, pero en la práctica no funcionan. En los casos que se han analizado donde hay restricciones a la movilidad de grupos poblacionales en entornos urbanos, la medida lo que hace es desplazar el crimen a otras zonas de la ciudad que eventualmente no lo tienen”, explicó Rojas.
Los expertos señalaron que la propuesta del toque de queda sectorizado constituye una reacción a corto plazo y sin evidencia concreta de que produzca resultados sostenibles para la ciudad.
Además, resaltaron que el repunte de homicidios refleja la combinación entre los factores estructurales y coyunturales, como los ajustes de cuentas entre bandas y el alto uso de armas de fuego en disputas por el control del microtráfico.
Zonas estigmatizadas
Carlos Rojas dijo a este medio de comunicación que el decretar un toque de queda solamente en el oriente de Cali y la ladera estigmatizaría a esta zona de la ciudad.
“Esa clase de decisiones discriminan y estigmatizan sectores que, por demás, por su vulnerabilidad ya tienen demasiados problemas. Con todo el respeto, estas son medidas simplistas que no consultan estudios e investigaciones de política pública sobre su eficacia”, manifestó el exsecretario de seguridad.
Felipe Fernández añadió que en las comunas del oriente y la ladera de Cali la violencia tiene raíces estructurales y redes criminales consolidadas, por ello las acciones deben ser focalizadas y sostenidas.
“Más que imponer restricciones como el toque de queda, se requiere reforzar la presencia institucional con estrategias probadas; control focalizado del alcohol los fines de semana, patrullajes en puntos críticos, mejoras de iluminación y entornos seguros, mediación rápida tras cada homicidio y programas sociales de interrupción de violencia”, argumentó el consultor en seguridad y paz.
Un plan de choque concreto
Para reducir las cifras de asesinatos y evitar el repunte de la violencia en el último trimestre del año, Carlos Rojas indicó que es vital que la Administración Municipal focalice las armas sin salvoconducto. Según sus estudios, la ciudad tiene entre 150.000 y 200.000 armas sin permiso que generan inseguridad.
Además, añadió que “debe haber una clara integración en las áreas de inteligencia, tanto del Ejército como de la Policía y la Fiscalía, la cual debe tener por sus capacidades operativas, pero también por sus funciones”.
Por su parte, Felipe Fernández puntualizó que “de aquí a fin de año, cuando históricamente se intensifican los homicidios, la ciudad necesita un plan de choque por comunas con metas de seguimiento continuo, monitoreo en tiempo real y comunicación pública de resultados”.