La abogada y excandidata presidencial, Sondra Macollins, habló en entrevista con el periodista Daniel Coronell sobre la situación que atraviesa su cliente David Murcia Guzmán, quien fue condenado en el caso DMG por los delitos de lavado de activos y captación masiva, puesto que el ciudadano fue trasladado a la cárcel de alta y mediana seguridad de Girón, conocida como Palogordo.
De acuerdo con la letrada, nadie se comunicó con ella ni con la familia de Murcia Guzmán antes del movimiento, por lo que radicó un derecho de petición ante el INPEC exigiendo que se le entregue por escrito el motivo por el cual se tomó la decisión.
Además, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar una medida cautelar, ya que considera que el Estado colombiano no está garantizando los derechos de su cliente.
“No es un acto en contra de David, sino en contra de las declaraciones que yo también di contra el hoy presidente de la República”, afirmó Macollins.
Del mismo modo, la abogada explicó que su cliente lleva 18 años en prisión por un delito económico que no tiene nada que ver con hechos violentos y además estaba tramitando diferentes procesos penitenciarios para salir libre próximamente.
Sin explicaciones oficiales
El 19 de agosto, David Murcia Guzmán fue trasladado desde la cárcel La Picota de Bogotá hacia el complejo penitenciario de Girón, Santander, sin que se le avisara a su defensa ni a su familia.
La orden fue ejecutada por el INPEC, una entidad adscrita al Ministerio de Justicia dirigida actualmente por Iván Cancino, abogado que hasta hace algunas semanas representó al actual presidente Abelardo Del Espriella como contraparte de Murcia en un proceso disciplinario.
Además, el traslado se dio 22 días después de que de la Espriella asumiera como presidente.
La abogada y excandidata presidencial afirmó que el INPEC es autónomo; sin embargo, “hay unas reglas que corresponden a la objetividad de las penas y a la subjetividad de la persona que se encuentra privada de la libertad”.
Y es que mientras estaba en trámite de mediana seguridad, que es la clasificación que las cárceles les da a las personas que tienen los requisitos para recobrar su libertad, lo que sucedió fue que Murcia terminó en un pabellón de alta seguridad en Palohordo, un centro penitenciario que ha recibido a 17 cabecillas de estructuras armadas condenados por delitos graves como extorsión, secuestro y homicidio.
“No me explico por qué hoy termina en Palogordo al lado de 17 cabecillas que tienen que ver con grupos violentos de Colombia”, explicó Macollins, puesto que su cliente no tiene condenas por hechos de sangre ni está vinculado con grupos armados al margen de la ley.